
Pese a la creciente tensión del sector inmobiliario, marcada por la esca oferta y la creciente demanda, tanto para la compra como para el alquiler, los últimos datos del Banco de España marcan que la riqueza inmobiliaria de las familias se encuentra en máximos históricos. Así, el patrimonio inmobiliario residencial de los hogares españoles ha superado los siete billones de euros por primera vez desde que se tienen registros (1980).
Según recoge el Banco de España, la cuantía supone un 680% de la renta bruta disponible de las familias. Esta cifra es tan elevada que casi quintuplica el Producto Interior Bruto de España, que ronda los 1,5 billones de euros. También supera en casi cinco veces la capitalización de todas las empresas que cotizan en el país (1,416 billones) e incluso la deuda de la Administración Pública, que en julio alcanzó los 1,69 billones
El presidente del foro de economistas inmobiliarios, Julián Salcedo, explicó las razones por las que las familias prefieren invertir en vivienda. En concreto, el directivo señaló que se trata de “una constante histórica”, debido al interés de los españoles por adquirir una propiedad, a la escasa cultura financiera y la desconfianza en los mercados, que les retrae “a invertir en productos financieros”. En estos momentos, representa tres cuartas partes de la riqueza de las familias y se debe “al incremento del precio de la vivienda, ya que ha crecido más el precio que la deuda asociada”.
El máximo histórico del patrimonio inmobiliario está vinculado con la tendencia al alza de los precios de los inmuebles. “El principal motivo es la revalorización del precio de la vivienda. La escasez de oferta y un aumento sostenido de la demanda explican que la riqueza y el Índice de Precios de la Vivienda evolucionen prácticamente en paralelo”, explicó Roberto Andecochea, economista de Idealista.
Los precios de la vivienda “no pueden seguir creciendo a este ritmo”
Salcedo señaló que, siempre que no aparezca una nueva burbuja inmobiliaria, “seguirá creciendo la proporción entre riqueza inmobiliaria y riqueza total”. Además, auguró que el mercado de compraventa de viviendas se ralentizará “en algún momento para después frenarse significativamente”, lo que afectará a los precios de la vivienda ya que “no pueden seguir creciendo a este ritmo”, señaló el directivo, que pone este freno en 2026.
Por su parte, el economista Gonzalo Bernardos pone en entredicho las cifras presentadas por el banco de España: “Puede que la riqueza inmobiliaria de un país como España supere los 7 billones de euros, pero una cosa es precio y otra cosa valor, y desde luego el patrimonio inmobiliario de España a precio de coste no alcanza ni por asomo esas cifras”.
Según el experto, se trata “expectativas e incrementos injustificados” de la repercusión del suelo en el precio final de la vivienda, ya que, en las zonas tensionadas el precio de una vivienda supone una cuarta parte el coste de su construcción y tres cuartas partes corresponden a la repercusión del suelo. “Eso es mera especulación, no valor real”, explicó.
Los expertos piden a los partidos una política en vivienda consensuada
Un punto en el que concuerdan varios economistas es la crítica al Gobierno y a la oposición por no enfocar el problema habitacional de manera adecuada. Uno de ellos es Miguel Córdoba, que le pidió expresamente al PSOE y al PP una política de vivienda consensuada y prolongada en el tiempo: “En un bien de primera necesidad como la vivienda y con la población aumentando por la inmigración, el desajuste entre oferta y demanda no puede hacer otra cosa que subir los precios, por muchas normas y límites de los precios. En un mercado libre, si aumenta la demanda y la oferta está estática, los precios subirán y subirán. Y si añadimos que España es uno de los países que menos vivienda social tiene, la tormenta perfecta está servida”.
Córdoba recuerda que el salario medio en España es la mitad que en muchos países europeos. Si a esto se le añade el interés de los fondos inversores extranjeros por comprar en el mercado español, “la situación no puede ser más complicada, especialmente en las denominadas zonas tensionadas”. Así, el experto señala la necesidad de alcanzar un pacto de estado, que dure como mínimo dos legislaturas, y que comprometa a todas las administraciones españolas.
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