Europa vive atrapada desde hace meses en un eterno déjà vu. Apenas una semana después de que la UE diese carpetazo a una guerra comercial aceptando una cesión total ante EEUU, el presidente de EEUU, Donald Trump, quiere más y ha vuelto a atacar a los europeos, esta vez, por el trato a las empresas tecnológicas estadounidenses.
El mandatario estadounidense ha manifestado en numerosas ocasiones que detesta las reglas de juego en Europa porque, según él, “están diseñadas para dañar o discriminar la tecnología estadounidense”. En este sentido, el líder republicano ha avisado este martes que impondrá aranceles y restricciones a las exportaciones de sus chips y semiconductores a todos aquellos países que implementen sus impuestos y leyes digitales contra las grandes tecnológicas estadounidenses como Meta, Amazon, Google o X.
Y esto se aplica tanto a las autoridades comunitarias como a los Estados miembros, es decir, desde la ‘tasa Google’ de España hasta el impuesto digital francés, el reglamento de Servicios Digitales de la UE (en sus siglas en inglés, DSA) o la Ley de Mercados Digitales europea.
La Comisión Europea insiste que las conversaciones sobre cualquier cuestión que afecte a las Big Tech son distintas a los términos aceptados en las negociaciones arancelarias en curso. “No es parte de nuestro acuerdo. Son cuestiones separadas y procederemos a la implementación de lo acordado en la declaración conjunta. Tenemos aranceles que se imponen sobre los productos, no sobre los servicios”, ha señalado este martes un portavoz de la Comisión Europea.
Trump quiere imponer su discurso en las redes
Según una información adelantada por la agencia Reuters, el equipo de Trump estaría planeando sancionar a todas aquellas autoridades que implementen la DSA, argumentando que este reglamento “censura a los estadounidenses” e “impone costes” a las empresas tecnológicas estadounidenses. Semejante medida sería una acción sin precedentes que intensificaría la lucha de la administración Trump contra lo que considera un intento de Europa de suprimir las voces conservadoras.
La DSA es una ley pionera en la UE, aprobada hace tres años para que los discursos de odio, los contenidos perjudiciales para los menores, las noticias falsas y el uso de las redes sociales como armas pudieran ser controlados.
La medida abarca a todo lo que sea considerado un “servicio online”, desde mercados, hasta redes sociales, plataformas de intercambio de contenidos, tiendas de aplicaciones y plataformas de viajes y alojamiento. La ley contempla que las plataformas más grandes puedan ser multadas con hasta el 6% de su facturación anual mundial si no logran abordar problemas como la injerencia electoral. Las plataformas de redes sociales incluso podrían enfrentar una suspensión temporal. Hasta el momento, se han abierto 14 procedimientos contra 10 plataformas.
Bruselas defiende que “la DSA no mira el color de la compañía, ni el país”
Bruselas se muestra contundente con las acusaciones de Trump, las cuales consideran “completamente equivocadas y no fundamentadas”. “La DSA respeta totalmente la libertad de expresión. No hablamos de eliminar contenido, hablamos de reforzar las medidas de seguridad”, añaden.
En todo caso, reiteran que “es derecho soberano de la UE y de sus Estados miembros regular en nuestro territorio las actividades económicas que sean coherentes con nuestros valores democráticos. ”La DSA no mira el color de la compañía, ni el país. Afecta a todas las compañías que operan en la UE”, reiteran desde la Comisión.
Lo cierto es que es falso la afirmación de Trump de que esta normativa europea solo discrimina a las empresas estadounidenses. Los últimos tres expedientes de Bruselas se han dirigido contra tres empresas, y todas ellas son chinas: AliExpress, Temu y TikTok.
Y aunque la UE vuelva a ser amenazada y haya vivido en sus propias carnes las represalias de Trump, el equipo de Von der Leyen no termina de comprender el juego negociador del líder republicano. “No comentamos en escenarios hipotéticos”, se limitan a decir. Así, la Comisión se niega a especular sobre el uso de su bazuca comercial, el instrumento de anticoerción, diseñado para responder ante el chantaje económico.
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