Un empresario francés multimillonario residente en Suiza ha sido multado con más de 95.000 euros y tres meses de suspensión de la licencia de conducir por circular a 77 km/h en una vía limitada a 50 km/h. Según una información del medio suizo 24heures, el hombre figura entre las 300 personas más ricas de este país y ya había sido objeto de una sanción por un exceso de velocidad grave en territorio suizo hace ocho años.
La cifra de la multa no responde, en realidad, a un delito de gran envergadura -el exceso de velocidad fue de 27 km/h sobre el límite permitido-, sino que se debe al particular sistema suizo de sanciones, que establece que el importe de las multas debe ajustarse a la capacidad económica del infractor.
Así funcionan las multas en Suiza
Según defiende el gobierno suizo, este modelo de multas proporcionales busca garantizar que las sanciones tengan un efecto disuasorio real, independientemente del nivel de riqueza del infractor, y pretende evitar que los más acaudalados puedan eludir el impacto de las sanciones económicas, asegurando que la ley se aplique con equidad real y no solo formal..
El artículo 34 del Código Penal suizo obliga al juez a considerar no solo los ingresos, sino también el patrimonio, el estilo de vida y las cargas familiares del sancionado. En este contexto, el fiscal determinó que correspondía aplicar 40 días-multa a razón de 2.000 francos suizos (aproximadamente 2.100 euros) por día, lo que explica la cantidad final, muy superior al que enfrentaría un ciudadano con ingresos medios.
Sumar propuso un modelo similar
El modelo basado en la renta comienza a servir de inspiración en otros países como en España, donde el socio de Gobierno Sumar, ha llegado a proponer las multas proporcionales, ya que en nuestro país el tráfico y la circulación de vehículos a motor es una de las competencias exclusivas del Estado.
Actualmente, la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial establece tres categorías de sanciones: leves, graves y muy graves, con importes de 100, 200 y 500 euros respectivamente. Este sistema, basado en la naturaleza de la infracción, no contempla diferencias económicas entre los infractores, lo que, según Sumar, genera una desigualdad en el impacto real de la sanción.
El alcance de la propuesta no se limita a la cuantía de las multas. La iniciativa contempla la cesión de datos fiscales y estadísticos de los conductores a las entidades responsables del cobro de peajes y tasas, lo que permitiría una aplicación más precisa del sistema proporcional.
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