Una familia originaria de Bruselas, Bélgica, se ha visto forzada a buscar alojamiento de emergencia tras encontrarse la vivienda que alquilaron ocupada ilegalmente. Según una información del medio francés Sudouest.fr, el grupo, compuesto por dos adultos y dos menores, había planificado sus vacaciones en la costa de Las Landas (Francia) en un balneario donde aseguran solían veranear regularmente.
Formalizaron el contrato de alquiler en octubre de 2024 a través de la plataforma francesa de compraventa y alquiler Gens de Confiance y el acuerdo contemplaba el pago de un primer anticipo y, posteriormente, un segundo desembolso en junio de 2025, hasta alcanzar un total de 5.880 euros.
Pero en la víspera de su partida hacia las Landas, el propietario comenzó a dar largas a sus últimas solicitudes, hasta que un día notificó a la familia que la vivienda ya estaba ocupada. Acto seguido, el arrendador procedió a cancelar su reserva, alegando que unos ocupantes ilegales se habían instalado en la propiedad. Christy Verhoeven, integrante de la familia, expresó en unas declaraciones a este medio su escepticismo ante esta explicación y exigió la devolución inmediata de las sumas abonadas: “No me creí esa historia”, afirmó.
Desde ese momento, la familia perdió todo contacto con el arrendador y todavía no ha recuperado el dinero. Ante la urgencia, lograron alquilar otra casa en la población francesa de Hossegor, aunque a un coste mucho mayor. El 20 de julio, ya en la localidad, presentaron una denuncia ante la policía francesa y acudieron a inspeccionar la vivienda inicialmente reservada. Según relataron, “escuchamos el sonido de una radio que salía de la casa y había un BMW estacionado delante”.
Los ocupantes eran familiares del gestor
El propietario del balneario, quien figura como gestor legal de una sociedad civil inmobiliaria (SCI), sostiene que también es víctima de la situación. Explicó que “dos de los socios de su empresa, sus padres, decidieron pasar allí sus vacaciones, ocupando la vivienda sin derecho ni título alguno”.
A pesar de la intervención de un comisario de justicia, los ocupantes se negaron a abandonar el lugar, lo que llevó al arrendador a presentar una denuncia. Por su parte, la plataforma Gens de Confiance, que cuenta con más de 2 millones de usuarios, ha intentado mediar en el conflicto.
Enguerrand Léger, administrador de la plataforma, reconoció en declaraciones a Sud Ouest que “se trata de una situación inédita, pero por ahora el caso está estancado”. A la espera de una decisión final en los tribunales, el desenlace provisional para la familia belga ha sido un gasto total cercano a 13.000 euros por sus vacaciones.
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