La Hacienda Foral de Navarra ha comunicado al magistrado del Tribunal Supremo que instruye el conocido como ‘caso Koldo’ que María Belén Cerdán, hermana del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, percibió un total de 22.200,84 euros procedentes de Servinabar, una empresa actualmente bajo investigación por haber recibido diversas adjudicaciones de obra pública.
Según documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, y que ya obra en poder del magistrado instructor Leopoldo Puente, esta información se desprende de los registros tributarios requeridos expresamente sobre Santos Cerdán, la sociedad Servinabar 2000 y su administrador, Joseba Antxón Alonso, quien mantiene vínculos con el exdirigente socialista.
Tal como relató el propio Alonso en su declaración como investigado el pasado 7 de julio, ambos compartieron piso en Madrid. En una de las grabaciones incluidas en el sumario, el exasesor ministerial Koldo García se quejaba de que Alonso y Cerdán estaban en Madrid “de fiesta en fiesta gastándose la pasta”.
El pago a María Belén Cerdán aparece reflejado en la declaración anual de operaciones con terceras personas. Actualmente, la hermana del exsecretario de Organización del PSOE figura como concejala del partido en el municipio navarro de Milagro.
Por otra parte, la Guardia Civil halló durante un registro un contrato privado de compraventa según el cual Santos Cerdán habría adquirido, por 6.000 euros, un total de 1.350 participaciones de Servinabar, lo que representa un 45% del capital social de la empresa, adjudicataria de obras del Gobierno de Navarra por un importe superior a los 75 millones de euros.
En su declaración ante el Supremo, Joseba Antxón Alonso desvinculó a Cerdán de ese contrato, al asegurar que se trataba de un borrador elaborado en 2015, en un momento en que el entonces dirigente socialista valoraba abandonar la política tras los malos resultados electorales del PSOE en Navarra. Según su versión, el documento recogía unas condiciones preliminares que nunca llegaron a ejecutarse, ya que Cerdán finalmente optó por seguir en política.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Servinabar fue “una sociedad creada ad hoc para lucrarse” con la adjudicación de obras como Mina Muga y otras futuras mediante su participación en una Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona, “sin que conste ninguna contribución precisa a ellas”.
Participación en UTE con Acciona
En la documentación entregada al magistrado figura el índice de actividad notarial de Servinabar, donde se especifica que Joseba Antxón Alonso actuó como representante único de la empresa en las operaciones de constitución de diversas UTEs junto con Acciona, mediante las cuales resultaron adjudicatarios de varios proyectos.
Entre los contratos obtenidos se incluyen las obras de adecuación del Navarra Arena, la reforma del antiguo Archivo General de Navarra, la obra de los túneles de Belate y la construcción de viviendas de protección oficial en el municipio navarro de Egüés.
Alonso aseguró en su declaración que la participación en UTE fue a propuesta de la propia Acciona, y defendió que esta fórmula —la de unir una gran empresa con otra de ámbito local— es comúnmente empleada en el sector. El empresario defendió la legalidad de todas las adjudicaciones, señalando que han sido auditadas.
El mismo índice de actividad refleja también la intervención de Fernando Merino, entonces delegado de Acciona en Navarra, quien compareció el mismo día que Alonso ante el Supremo. Merino negó haber efectuado pagos irregulares a cambio de adjudicaciones.
Durante su declaración, Merino explicó que para empresas de ámbito nacional era complicado acceder a adjudicaciones en comunidades como Navarra o el País Vasco si no se asociaban con compañías locales. “Era condición necesaria”, afirmó.
Pagos a un exdirigente de UPN
La documentación entregada también recoge transferencias por un total de 68.970 euros desde Servinabar a Óscar Arizcuren Pola, exsecretario general de Unión del Pueblo Navarro (UPN). En concreto, figuran tres pagos: uno de 32.670 euros, otro de 29.040 euros y un tercero de 7.260 euros.
Fue el pasado 20 de junio cuando el magistrado instructor imputó a Santos Cerdán y autorizó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a investigar su patrimonio. Tras recibir la documentación remitida por la Hacienda Foral, el juez ha solicitado a los agentes un “análisis pormenorizado” de la misma.
Por último, en los informes fiscales también se destaca que Joseba Antxón Alonso figura como contribuyente de la Hacienda Foral de Vizcaya. “Por este motivo, la información existente en la base de datos de la Hacienda Foral de Navarra es limitada, muy posiblemente de carácter parcial y únicamente referida a situaciones relacionadas con contribuyentes navarros”, recoge la documentación.
Ante esta limitación, se sugiere que la solicitud judicial de información sea remitida también a la Hacienda Foral de Vizcaya, con los mismos términos, a fin de completar los datos relativos al investigado.
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