Más de la mitad de las familias necesitadas no se benefician del Ingreso Mínimo Vital: desconocen su derecho a la ayuda o no superan los trámites

En 2024, un 55% de los hogares que podrían haber recibido el Ingreso Mínimo Vital (IMV) no lo hicieron. Un estudio de AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) revela este sorprendente dato. Desde que se impulsó esta ayuda, el amplio porcentaje de familias que no la han solicitado a pesar de poder recibirla ha sido una constante.

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Se trata de un proyecto iniciado tras una propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el año 2020. Su objetivo principal es prevenir la exclusión social y promover la inclusión laboral de los beneficiarios, estableciendo un nivel mínimo de ingresos para las familias con una situación de pobreza.

Estudios como el recientemente difundido por AIReF aseguran que la ayuda no está teniendo el éxito esperado, pues no está llegando a todos los perfiles que podrían solicitarlo. El desconocimiento o la incapacidad de afrontar los procesos de solicitud son algunos de los motivos que provocan esta situación.

Según este estudio, más de 900.000 hogares podrían recibir el IMV y no lo hacen, lo que equivale al 55% del total que podría beneficiarse. Este fenómeno lo denominan el non take-up, y aseguran que los datos se han mantenido estables desde que se creó esta prestación.

Además, a partir de los datos recabados por AIReF, también afirman que la cifra se eleva hasta el 72% cuando se trata de los hogares que no disfrutan del complemento a la infancia (CAPI). Los hogares con rentas de hasta 47.000 euros y con hijos pueden optar a esta ventaja añadida del subsidio.

El informe señala diferentes causas para esta pérdida de efectividad. Para empezar, explican que algunas de estas familias desconocen que pueden optar a la ayuda. Los ingresos anuales que dan derecho a solicitarlo se encuentran entre los 7.900 euros y los 13.000 por persona, según el número de miembros de la familia.

Por otro lado, muchas familias demandan un sistema o proceso de solicitud más sencillo. Muchos trámites legales generan la desorientación de las personas a la hora de formularlos. También se producen dificultades que alteran el proceso, como las familias con unidades de convivencia separadas.

Como tercer motivo, señalan que existe un miedo extendido en familias que prefieren no solicitar estas ayudas porque creen que van a tener que devolverlas si cambia su situación económica, o no tienen la certeza de que cumplen con todos los requisitos para poder optar al subsidio.

Otro factor es su relación con la prestación por desempleo. AIReF afirma que durante el primer año de existencia del IMV, el 53% de los hogares que no solicitan el IMV percibían este tipo de prestaciones. Muchas personas continúan recibiendo esta ayuda autonómica y no solicitan la estatal, a pesar de que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) asegura que son compatibles.

La institución fiscal señala varias vías que seguir para reducir esta tendencia. Por un lado, defienden crear formas más automáticas y ágiles para conceder el IMV y el CAPI, como ya se está haciendo cuando, por ejemplo, se agota el subsidio por desempleo, que el SEPE envía una carta para recomendar el tránsito a la ayuda estatal.

Otro apunte es verificar los requisitos económicos con datos actuales, no del año anterior, como se está realizando hasta estos momentos. También consideran importante las campañas de información más dirigidas y personalizadas a los colectivos interesados, algo en lo que ya está trabajando el Ministerio de Inclusión.