La Audiencia de Barcelona ha dictado sentencia contra una pareja acusada de manejar un esquema fraudulento que abarcó el uso de documentación falsa para alquilar veinte viviendas en el distrito del Eixample. Entre 2016 y 2020, los ahora condenados recurrieron a identidades fingidas para suscribir contratos de alquiler, con el propósito de transformar los pisos en alojamientos turísticos sin autorización, según ha recogido Tourinews.
La organización, descrita por la justicia como sofisticada, permitió que la pareja se beneficiara económicamente de la elevada demanda de alquileres vacacionales en una de las áreas de mayor atractivo de la ciudad condal, obteniendo unos 200.000 euros de manera ilícita. La sentencia revela que los implicados recurrían a documentos de identidad completamente inventados para llevar adelante la operación, simulando ser futuros residentes junto a sus hijos.
Estrategias de modificación
Posterior a la firma de los contratos, se apropiaban de los inmuebles y los adaptaban para ser subarrendados por habitaciones. Estas intervenciones incluían modificaciones no autorizadas que alteraban la configuración original de las viviendas, todo ello sin informar a los propietarios, quienes no solo desconocían la subocupación, sino también el tipo de uso al que eran sometidos sus pisos.
El modus operandi utilizado consistía en la multiplicación del beneficio a través de la reconfiguración interna de los apartamentos. La pareja sumaba divisiones en los espacios comunes, como los comedores, y procedía a la instalación de cerraduras electrónicas con sistema de claves independientes para cada habitación, permitiendo el alquiler por separado. Esta práctica no solo derivó en un aumento del número de huéspedes, sino que maximizó los ingresos por cada vivienda, puesto que cada estancia se comercializaba como si se tratara de una unidad turística individual.
De acuerdo con el medio Tourinews, las modificaciones se realizaban de manera clandestina y sin las autorizaciones pertinentes, pasando inadvertidas para los propietarios y para las autoridades municipales durante un tiempo prolongado. Puntualmente, testigos que declararon durante el proceso judicial detallaron cómo los acusados llegaban incluso a levantar paredes provisionales y a ocultar estas reformas ante las inspecciones. Los pisos intervenidos formaban parte de una red dinámica que respondía tanto a la flexibilidad de la demanda estacional como a la oportunidad de incrementar los precios por estancias cortas, dada la popularidad turística de la zona.
Condenas y sanciones económicas
El fallo judicial impone cinco años de prisión al hombre, sentencia superior a la de su pareja, que ha recibido cuatro años de cárcel, debido a la reincidencia por un delito anterior de falsedad documental en 2017. Las consecuencias económicas también son considerables: ambos deberán abonar una multa que supera los 6.000 euros, reflejo de la gravedad que el tribunal ha asignado a la planificación y ejecución del fraude.
A su vez, la indemnización total destinada a los propietarios afectados asciende a 28.000 euros, en reconocimiento a los daños sufridos tanto por la usurpación como por las alteraciones sufridas en los inmuebles. Con estos resultados, la Audiencia de Barcelona pone en evidencia la existencia de redes que explotan lagunas administrativas para lucrar con el alquiler turístico ilegal.
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