
Cuando varias personas conviven en la misma vivienda, definir con claridad los derechos y obligaciones de cada uno a través de un documento escrito es una práctica muy importante para evitar disputas y malentendidos, especialmente cuando se trata de alquileres por habitaciones. Además, este tipo de alquiler ha ganado popularidad en España, tanto entre propietarios que buscan ingresos adicionales como entre quienes optan por soluciones de vivienda con costes más bajos y mayor flexibilidad.
Sin embargo, este tipo de alquileres no está sujeto a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). En su lugar, su regulación se basa en el Código Civil. Esto implica que las condiciones quedan a criterio de lo acordado entre las partes, por lo que aspectos como la duración del contrato, precio, normas de convivencia y otras cláusulas son elementos a incluir y consensuar en el documento escrito.
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El artículo 1.543 del Código Civil establece: “En el arrendamiento de cosas, una de las partes se obliga a dar a la otra el goce o uso de una cosa por tiempo determinado y precio cierto”, extendiéndose esta disposición a los contratos de habitaciones.
Detalles esenciales y garantías en el contrato de alquiler de habitación
El contrato, según Fotocasa, debería recoger los datos personales completos del propietario y del inquilino, incluyendo nombres, DNI o NIE, domicilios y contactos. Asimismo, es necesario especificar con exactitud cuál es la habitación cedida en uso, si está amueblada y qué zonas comunes podrán compartir los inquilinos, como cocina, salón, baños o lavandería. Indicar estos detalles clarifica el acuerdo y disminuye la posibilidad de conflictos posteriores.
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En cuanto a las condiciones económicas y logísticas, se aconseja dejar indicado en el contrato el importe mensual de la renta, la fecha y método de pago, así como el reparto de gastos entre las partes, como los suministros de agua, luz, internet u otros servicios incluidos o a cargo de cada cual. Otros puntos fundamentales son la fijación de la duración del acuerdo, que puede abarcar periodos como un curso académico (nueve meses) o un año, y el establecimiento de los procedimientos en caso de renovaciones o preavisos de rescisión anticipada, que típicamente requieren un aviso previo, como pueden ser 30 días.
Por otro lado, la fianza es uno de los elementos más frecuentes en estos acuerdos. Suele fijarse en el equivalente a una mensualidad como garantía frente a desperfectos o impagos, aunque la legislación civil no obliga a establecerla. Conviene recoger en el contrato la cuantía, el momento de entrega y el compromiso de devolución al finalizar la relación contractual si la habitación y las zonas comunes se encuentran en buen estado.
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Convivencia, acuerdos adicionales y la importancia del contrato por escrito
Otro de los puntos importantes a incluir son las normas de convivencia: la regulación del uso de espacios compartidos, el reparto de tareas domésticas, horarios de descanso, prohibiciones de fumar, si están permitidas las mascotas o las visitas sin previo aviso, entre otros. Estas disposiciones previenen muchos problemas frecuentes en viviendas compartidas. El documento también debe contemplar motivos claros para dar por finalizado el acuerdo antes del plazo pactado, como impago de rentas o incumplimiento de normas.
El contrato puede incorporar otros pactos adicionales, como la posibilidad de empadronamiento del inquilino o la autorización para subarrendar, soluciones que deben estar expresamente recogidas y pactadas entre las partes para evitar equívocos.
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Aunque desde el punto de vista legal es posible formalizar un alquiler de habitación de manera verbal, la ausencia de un contrato escrito puede dificultar gravemente la defensa de los derechos de ambas partes en caso de desacuerdo. Lo más recomendable es formalizar siempre estos acuerdos por escrito y conservar los justificantes de pago.
Libertad contractual, subarriendo y resolución en caso de impago
No obstante, no es obligatorio registrar el contrato de alquiler de habitación en ningún organismo público. Respecto al subarriendo, este solo es posible si el propietario lo consiente expresamente, salvo que el documento acordado disponga lo contrario.
En caso de impagos, el propietario tiene la opción de resolver el contrato y solicitar que el inquilino desaloje la habitación. De no producirse la salida voluntaria, será necesario iniciar un proceso legal de desahucio.
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