Las seis claves del auto judicial para entender la trama Montoro: de leyes a medida a acceso a información fiscal confidencial

La Audiencia Nacional ha imputado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en una causa que, según el juez instructor, apunta a un “uso instrumental de las instituciones del Estado para favorecer intereses privados” vinculados al despacho Equipo Económico (EE), fundado por el propio Montoro en 2006 y del que fue socio hasta 2008. El auto judicial, al que ha tenido acceso Infobae España, detalla una serie de hechos conectados entre sí, que habrían permitido al bufete beneficiarse de reformas legales impulsadas desde el Ministerio que él mismo dirigía.

La causa investiga delitos de tráfico de influencias, organización criminal, prevaricación y malversación, y cuenta con el respaldo de la Fiscalía Anticorrupción y de informes internos de la Agencia Tributaria que desde 2019 vienen alertando de graves irregularidades.

Rebajas fiscales a empresas gasísticas a cambio de pagos

El primer eje de la investigación se centra en la reforma fiscal que redujo el Impuesto Eléctrico en 2014 para empresas que utilizaban la electricidad como materia prima para generar gases industriales y medicinales. La medida, aprobada bajo el mandato de Montoro como ministro de Hacienda, benefició directamente a cinco grandes compañías integradas en la Asociación Española de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM): Air Liquide, Carburos Metálicos, Messer, Praxair y Abelló Linde.

Lo relevante, según el auto, es que estas empresas habían contratado previamente los servicios del despacho Equipo Económico, que facturó por asesoramientos relacionados con este asunto cerca de 780.000 euros entre 2013 y 2015. Las facturas, registradas en el procedimiento, coinciden temporalmente con la tramitación y aprobación de la reforma legal, lo que lleva al juez a considerar que existió una actuación coordinada para favorecer los intereses de estas compañías.

Además, la medida supuso una pérdida recaudatoria para el Estado que la Agencia Tributaria cifra en más de 14 millones de euros. Según el auto, “la relación causal entre los pagos al bufete y la aprobación del beneficio fiscal resulta especialmente relevante desde el punto de vista penal”.

Hacienda ignoró a los técnicos

Uno de los aspectos que más preocupa a los investigadores es que esta rebaja fiscal fue adoptada contra el criterio reiterado de los técnicos de Hacienda. Según un informe de la Dirección General de Tributos fechado en 2014, y citado en el auto, “no existía base legal suficiente ni justificación económica para conceder una exención de este calibre al sector gasista”.

Pese a ello, Montoro dio luz verde a la reforma a través de una disposición adicional incluida en el anteproyecto de ley del sector eléctrico. Un alto funcionario declaró ante los inspectores que “la presión política desde el gabinete del ministro fue evidente” y que se ignoraron hasta tres advertencias por escrito.

“Resulta significativo que se impusiera una decisión política sin soporte técnico en un asunto con impacto recaudatorio relevante”, indica el juez, quien valora este extremo como prueba del posible uso arbitrario del poder público para favorecer a terceros.

Encuentros y facturación tras las reformas

La conexión entre la tramitación de las reformas legales y la actividad económica del bufete EE es uno de los pilares del procedimiento. En varios correos electrónicos intervenidos durante los registros a las oficinas de Carburos Metálicos y Messer se hace alusión a “reuniones preparatorias” con funcionarios del Ministerio de Hacienda y a borradores de normativa que fueron “remitidos para revisión”.

El auto cita específicamente una reunión celebrada en junio de 2014 con presencia de representantes de AFGIM, socios del bufete y un alto cargo del Ministerio, en la que se habría perfilado la redacción de la exención fiscal.

Además, las facturas del despacho aparecen emitidas pocas semanas después de la publicación de la reforma en el BOE. Para el magistrado, esto “refuerza la hipótesis de que los pagos al despacho no eran por asesoramiento genérico, sino por servicios directamente vinculados a la obtención del resultado legislativo”.

Acceso a información tributaria reservada

Otro de los elementos que ha disparado las alarmas en el seno de la Fiscalía es el acceso que habría tenido Montoro, a través del bufete, a información tributaria de carácter reservado.

Según consta en el auto, miembros de Equipo Económico accedieron, durante el mandato de Montoro, a documentos internos de la Agencia Tributaria relacionados con inspecciones fiscales a grandes contribuyentes, procedimientos sancionadores e incluso datos sobre políticos relevantes como Rodrigo Rato y Esperanza Aguirre.

El exdirector de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, será citado como testigo tras detectarse correos en los que se consultaba al despacho sobre actuaciones en curso. “Se investiga si el uso de esa información supuso una vulneración del deber de sigilo y si fue empleada para ganar ventaja frente a la competencia”, explica el juez.

Anticorrupción ya alertó en 2019

Aunque la causa ha estallado públicamente en 2025, lo cierto es que la Fiscalía Anticorrupción ya había advertido en 2019 de indicios de delito. Un informe de ese año recogía correos internos entre socios del bufete en los que se hablaba de “retornos económicos por reformas legales” y se mencionaban pagos vinculados a “clientes estratégicos”.

El procedimiento quedó entonces paralizado por falta de pruebas documentales suficientes, pero fue reactivado en 2023 tras el vaciado de la cuenta institucional ‘aromero@minhap.es’, utilizada por un alto funcionario de Hacienda. La fiscal que impulsó esa diligencia, Carmen García, lo hizo pese al veto inicial de sus superiores, y acabó recibiendo una amonestación formal por extralimitarse.

Ahora, ese material ha resultado clave para reconstruir el calendario de encuentros, pagos y reformas que sustentan la imputación.

Venta sospechosa de sus acciones en el bufete

La última de las claves que apunta el juez es el modo en que Montoro vendió sus participaciones en el despacho en 2008, poco antes de volver al Congreso de los Diputados. Según declaró en su día, el exministro se desvinculó del bufete al vender 1.080 participaciones por un total de 10.800 euros.

Sin embargo, Hacienda sostiene que ese precio era “notoriamente inferior” al valor real del despacho, que por entonces ya tenía una cartera de clientes consolidada y una facturación cercana al millón de euros. Según el auto, existe la sospecha de que la venta fue “una operación simulada para mantener el control indirecto del bufete sin figurar formalmente en su organigrama”.

La Agencia Tributaria ha detectado pagos de “carácter extraordinario” realizados por el despacho a personas cercanas a Montoro en los años posteriores a su supuesta desvinculación.

El juez considera que todas estas piezas configuran una trama sostenida en el tiempo, cuyo eje central habría sido una utilización indebida de los resortes del Estado para generar beneficios privados a través de reformas legales a medida. La instrucción sigue en marcha y se espera que en los próximos días se practiquen nuevas diligencias, entre ellas la citación formal de Montoro para declarar como investigado.