
Alberto Núñez Feijóo pasó el fin de semana en Galicia. Dejaba atrás días de alto voltaje en política, si bien con el viento a favor, con el foco en la corrupción en el seno del PSOE, señalando a dirigentes de la máxima confianza de Pedro Sánchez. Santos Cerdán está en la cárcel. El líder de la oposición regresó a Madrid en un vuelo de Air Europa desde Vigo que debió haber partido a las 21:05 horas, pero que lo hizo hora y media más tarde por el retraso acumulado ya en sus dos anteriores escalas. Aterrizó en Barajas cerca de la medianoche. Llegaron un par de jardineras para trasladar a los pasajeros a la Terminal 2, pero no todos subieron. A los pies de la escalera del avión, a la vista de todos, aguardaba Mariano Rajoy.
El expresidente del Gobierno recibió y saludó afectuosamente a Núñez Feijóo. Juntos, abandonaron la pista en un vehículo. Inmediatamente, este medio tuvo conocimiento del hecho, y la pregunta era clara: qué situación, se suponía que grave, urgente, podía motivar una reunión de madrugada y presencial, descartando el teléfono como medio seguro o adecuado. Infobae ha preguntado al PP por este encuentro, que ha confirmado, pero las fuentes del partido consultadas quitan hierro y desmienten relación alguna con cualquier acontecimiento posterior. La llamada se ha producido porque, en efecto, más tarde de aquello, el miércoles, saltó a la luz pública una información grave que afecta a los dos protagonistas, a distinto nivel.

A uno, porque dirigía el país cuando Cristóbal Montoro, a su cargo, hizo lo que apunta el juez; al otro, porque la forma en que gestione esta crisis marcará su credibilidad frente a la corrupción y sus opciones para suceder a Sánchez en las próximas elecciones generales. Un magistrado de Tarragona investiga a Montoro y a su equipo por utilizar el Ministerio de Hacienda para modificar leyes en beneficio de las empresas. Habría creado una “red de influencias” para impulsar cambios normativos en beneficio de gasistas a cambio de “importantes pagos” a la sociedad Equipo Económico (EE), de la que fue socio fundador y presidente. La instrucción, bien armada, ha llevado varios años.
El PP no expedientó a Montoro
Montoro, ministro entre 2011 y 2018 con Rajoy, pero también entre 2000 y 2004 con José María Aznar, debe defenderse ahora de delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
Este jueves por la tarde, pasadas 24 horas desde que La Vanguardia adelantara la noticia, el PP no había actuado. Lo hizo el propio Montoro, que abandonó el partido, sin haber sido expedientado ni amonestado verbalmente. Y se pronunció: niega vínculos con la empresa investigada y acusa a la justicia de actuar “sin ningún elemento probatorio” en un momento político marcado por “los escándalos del Gobierno”. Núñez Feijóo lo hizo por primera vez este viernes, en la red social X: “Mi criterio acerca de la corrupción es muy claro y no cambia con independencia de a quién afecte. Yo no hablaré de persecución de los jueces ni de pseudomedios. Lo que haya que investigar, que se investigue”.
La causa supone un varapalo para la estrategia del PP, lanzado desde la celebración de su congreso nacional extraordinario, en el que, con un Gobierno en el alambre, casi en la lona, Núñez Feijóo se invistió como la alternativa ya preparada para tomar las riendas del país, promocionando a dirigentes como Miguel Tellado, nuevo secretario general, y Ester Muñoz, nueva portavoz en el Congreso. En relación con los rostros más importantes del partido, la semana, el lunes, comenzó en realidad con otra noticia que trasciende lo demás y triste. Borja Sémper, portavoz, anunció con entereza el diagnóstico de un cáncer. La contienda tuvo un paréntesis para mostrar la mejor cara de la política.
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