El 8 de octubre de 2011, José Bretón asesinó a sus dos hijos, Ruth y José, de seis y dos años respectivamente, un crimen que conmocionó a la sociedad española. Inicialmente, Bretón alegó que los menores desaparecieron mientras jugaban en el parque, pero la investigación reveló que los había matado con premeditación y quemado sus cuerpos para borrar pruebas. En 2013, fue condenado a cuarenta años de cárcel por doble asesinato con agravantes de parentesco, premeditación y crueldad.
Ahora, la publicación del libro El odio, del escritor Luisgé Martín, ha generado un nuevo foco de controversia. Tras tres años de contacto con Bretón, Martín reunió en la obra las confesiones del asesino y exploró los mecanismos emocionales que pueden conducir a un crimen tan extremo, situando el odio como motor fundamental.
La difusión pública del testimonio reavivó el dolor de Ruth Ortiz, madre de los niños, y suscitó un debate social sobre los límites entre la libertad de expresión y la protección a las víctimas.
“Hay que proteger el derecho de la víctima a no ser revictimizada”
Esta polémica ha llevado al Ministerio de Igualdad a impulsar un anteproyecto de ley que busca impedir que los autores de violencia vicaria puedan utilizar los medios de comunicación para difundir su versión de los hechos y agravar así el sufrimiento de las víctimas y sus familias.
Ana Redondo, ministra de Igualdad, ha explicado durante la inauguración del curso “Violencia vicaria: situación actual y retos”, celebrado en San Lorenzo de El Escorial, que la futura norma “incluirá una pena accesoria que valorará el juez, por la que el asesino no pueda tener contacto con medios de comunicación ni influir en periodistas que puedan difundir su discurso y, con ello, vulnere todavía más el dolor y la situación de la víctima”.
La ministra ha reconocido la complejidad jurídica de la medida, que afecta a la libertad de creación artística, un derecho constitucional. “Esa libertad, cuando se limita, hay que razonar muy bien y ser muy proporcionales. Pero aquí tenemos también a una madre que sigue sufriendo porque la violencia vicaria no concluye, pretende la muerte en vida de esa mujer, aunque el agresor esté en prisión”, ha subrayado.
Una respuesta legal ante la persistencia de la violencia vicaria
La violencia vicaria, definida como el daño infligido a hijos u otros seres queridos con el objetivo de causar dolor a la mujer, ha presentado cifras preocupantes en España.
En 2024, nueve menores fueron asesinados por progenitores o parejas de sus madres, según datos del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, dependiente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El anteproyecto de ley se enfoca en el interés superior del menor y en la prevención de la revictimización. “Es un anteproyecto ambicioso. La atención se enfocará en el interés superior del menor, algo que es contenido esencial del proyecto de ley”, ha afirmado la ministra, quien mencionó casos paradigmáticos como los de Juana Rivas y Ruth Ortiz para ilustrar la necesidad de actualizar la legislación.
Balance entre libertad de expresión y protección a las víctimas
“Hay que proteger el derecho de la víctima a no seguir padeciendo un sufrimiento mayor, que es un interés constitucional y un bien jurídico que hay que proteger”, ha insistido Redondo. La propuesta busca que el juez pueda imponer restricciones para que los condenados no utilicen la plataforma mediática para justificar sus crímenes u obtener beneficios simbólicos o económicos.
La iniciativa legislativa, que aún está en estudio en el Ministerio de Justicia y que podría llegar al Consejo de Ministros en septiembre, busca dar respuesta a una demanda social creciente y sentar las bases para una protección más eficaz frente a las consecuencias más devastadoras de la violencia de género.
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