El pasado 17 de mayo, agentes de la Policía Nacional en Gran Canaria tuvieron que hacer uso de sus armas de fuego tras la actuación de un joven de 19 años, que presuntamente intentó cometer un robo con violencia contra un taxista y, posteriormente, atacó a dos agentes con un cuchillo de grandes dimensiones en las inmediaciones del Aeropuerto de Gran Canaria. Según la nota difundida por el cuerpo de seguridad, la intervención policial tuvo lugar poco después de la denuncia del intento de robo. Al llegar al lugar, los agentes intentaron reducir al sospechoso. No obstante, este se abalanzó sobre ellos con el arma, lo que llevó a los efectivos policiales a emplear sus armas de fuego “de manera reglamentaria para neutralizar la amenaza”.
Asimismo, los vídeos “evidencian que, aparentemente, se encontraba fuera de sí portando un cuchillo de dimensiones considerables”. “Después de atacar a un taxista, derribó a un agente de la autoridad, intentó derribar a otro, y deambulaba armado en una zona” donde se congregaba “un gran número de personas, generando peligro real para la integridad física de éstas”, detalla una nota del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Tras el enfrentamiento, los servicios de emergencia del propio aeropuerto, junto con los equipos del Servicio Canario de Salud, acudieron a prestar asistencia médica urgente al individuo, de origen gambiano (llegó a Canarias en patera hace tres años). A pesar de los intentos de reanimación, se confirmó el fallecimiento del presunto agresor en el mismo lugar del suceso.
Abdoulie Bah perdió la vida a consecuencia de dicha intervención policial, una actuación que desde diversos colectivos, como Canarias Insumisa, han expresado “inquietud y preocupación”. Por ello, desde IU (integrado en el grupo parlamentario de Sumar) pidieron explicaciones al Ministerio del Interior. A través de una pregunta con respuesta escrita, el diputado Enrique Santiago recordó que, según el TSJC, el cuerpo del joven presentaba múltiples disparos, incluso en el cuello. “Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a alrededor de media decena de agentes persiguiéndolo, lo cual genera serias dudas sobre el respeto del derecho humano a la vida y al principio de proporcionalidad en la actuación policial, causante de la muerte del joven de origen gambiano”.
El Juzgado de Instrucción N.º 2 de Telde abrió diligencias de investigación judicial. Sin embargo, dice Santiago en su petición parlamentaria, “no se tiene información urgente, clara y transparente por parte de las autoridades competentes, Ministerio del Interior, Delegación del Gobierno en Canarias, y Dirección General de la Policía, para que esta investigación se lleve a cabo con todas las garantías, y con depuración, en su caso, de responsabilidades”.
En este sentido, aprovecha la iniciativa para reivindicar el derecho de las ciudadanía a “saber qué ha sucedido y a confiar en que las fuerzas de seguridad actúen respetando los principios de proporcionalidad, legalidad y derechos humanos”. “Lo sucedido no puede quedar impune ni ser silenciado”, remata en la pregunta con respuesta escrita, presentada días después de este trágico episodio.
Fue acorde a la legalidad
Sin embargo, el Gobierno defiende la actuación del cuerpo policial. “Se desarrolló con observancia estricta de los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, tal y como marca la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, realizando las acciones precisas y necesarias para el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la neutralización de la amenaza", destaca el Ministerio del Interior en la respuesta publicada recientemente en el Boletín Oficial de las Cortes.
El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska informa además de que los hechos relatados dieron lugar a la instrucción del Atestado Policial 5478/25 de la Comisaría Local de Telde de la Policía Nacional, entendiendo del mismo el Juzgado de Instrucción Número 2 de Telde. “En el Atestado se dio cuenta a la autoridad judicial de la intervención policial, así como de las diligencias practicadas”, remacha el Ejecutivo en su respuesta.
De esta manera, el ministerio de Marlaska da por resuelta la petición del socio minoritario del Gobierno, que preguntaba, entre otras cuestiones, el motivo por el que no se aplicaron otras medidas de contención no letales, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, así como si considera el Ejecutivo que se ha tratado un caso de “uso abuso de la fuerza y falta de aplicación del principio de proporcionalidad”.
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