
Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Guardia Civil ha culminado con la desarticulación de un grupo criminal itinerante que se había especializado en el robo a entidades bancarias. El despliegue policial, llevado a cabo en Madrid y Alicante, ha terminado con la detención de nueve personas, tres en la capital y seis en la provincia alicantina.
Según fuentes oficiales, eran responsables de una cadena de asaltos y habían conseguido hacerse con un botín superior a los 400.000 euros. El dispositivo ha incluido tres registros domiciliarios y uno en un garaje de Madrid, además de intervenciones en Alicante, donde se localizaron más de 100.000 euros en efectivo, tres armas de fuego, inhibidores de frecuencia, localizadores de sistemas GPS, herramientas propias para la apertura de cajas fuertes y cinco vehículos de alta gama sustraídos.
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Estrategia minuciosa y tecnología de vanguardia
Según el balance policial, los miembros de la red habrían perpetrado un total de 13 atracos, distribuidos en entidades bancarias de Navarra, Cantabria, Castellón, Alicante, Badajoz, Burgos, Ciudad Real, Córdoba, Zamora y Valencia, provocando una elevada alarma social en localidades de pequeño tamaño.
Las primeras investigaciones se arrancaron tras el robo de casi 124.000 euros en dos bancos de Cabanillas y Barásoain (Navarra) en noviembre de 2024, donde los ladrones no solo se apropiaron del efectivo guardado en la caja fuerte, sino que también dejaron cuantiosos daños en las instalaciones. A partir de entonces, los agentes detectaron un patrón de comportamiento caracterizado por una alta preparación técnica. El grupo seleccionaba bancos situados en municipios pequeños y con fáciles vías de huida, optimizando así sus probabilidades de éxito y minimizando riesgos de intervención policial.
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Para la preparación de cada robo, los delincuentes instalaban cámaras de vigilancia portátiles con tecnología 4G de transmisión en tiempo real en las inmediaciones de las sucursales. De esta forma, controlaban la llegada de patrullas o personal de seguridad, evitando cualquier sorpresa durante la ejecución del plan.
Tras asegurarse de no tener obstáculos, cortaban el cable físico de la alarma y sustituían el bombín de la puerta principal, activando el sistema de seguridad para observar la reacción del personal de la entidad antes de acceder nuevamente mediante una nueva llave.
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Robos ejecutados por equipos profesionalizados
Una vez superada la fase de vigilancia, la banda accedía al interior de los bancos, normalmente en pequeños equipos formados entre seis y ocho personas. Estos grupos incluían especialistas en conducción, a cargo de vehículos de alta gama robados y con matrículas falsas, y técnicos con habilidades para la apertura de cajas fuertes mediante herramientas como pinzas hidráulicas y radiales. Durante el asalto, empleaban inhibidores de señal para neutralizar sistemas de alarma inalámbrica y destruían los dispositivos de grabación de imágenes de seguridad para dificultar la labor investigadora posterior.

Ya dentro de la sucursal atacada, centraban toda su atención en la caja fuerte, aplicando técnicas avanzadas para acceder al depósito de efectivo. Una vez que obtenían el dinero, eliminaban rastros biológicos arrojando productos de limpieza o utilizando extintores, complicando así cualquier intento de identificación por parte de los investigadores. Los conductores asignados a la banda empleaban los vehículos robados hasta que sospechaban estar siendo vigilados, momento en el que despiezaban los automóviles y vendían las partes en el mercado negro.
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Distribución del botín
El grupo establecía bases de operaciones temporales en zonas próximas a las entidades que planeaban asaltar. Desde sus domicilios habituales, los miembros se trasladaban a viviendas rurales alquiladas donde ocultaban los automóviles y coordinaban los detalles logísticos antes de cada atraco. Estas localizaciones servían también para el reparto del botín inmediatamente después de consumar el golpe.
La estructura de la organización asignaba roles definidos a cada individuo, incluyendo responsables de la logística de herramientas, personal de apoyo para ocultamiento de vehículos e intermediarios para la preparación de documentación falsa. La desarticulación de la banda ha sido posible tras meses de seguimiento policial, coronados por un operativo conjunto y simultáneo en Madrid y Alicante. Todo el proceso estuvo supervisado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Tudela (Navarra), encargado de coordinar las actuaciones judiciales derivadas de la investigación.
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*Noticia elaborada con información de Europa Press
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