Pedro Sánchez ha pulverizado todos los registros históricos de la democracia en cuanto a personal nombrado a dedo. Desde que llegó a La Moncloa en 2018, la estructura del Gobierno no ha parado de crecer, tanto en número de asesores como de altos cargos. Según los datos oficiales de la Secretaría de Estado de Función Pública, analizados por El Confidencial, el Ejecutivo socialista cuenta ya con 1.747 personas de confianza entre asesores y altos cargos. Nunca antes un Gobierno había acumulado tal volumen de personal de confianza.
El crecimiento ha sido especialmente notable en el área de asesores. A fecha de enero de 2025, el Ejecutivo disponía de 948 asesores eventuales, lo que supone un aumento de 344 respecto a los que tenía Mariano Rajoy en su último año de mandato, en 2018. Se trata de la cifra más alta jamás registrada en la historia democrática española. Y lo más llamativo es que más de la mitad de esos asesores —477 en total— trabajan directamente para Pedro Sánchez y su ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, concentrando un volumen de personal que por sí solo supera al de algunos gobiernos completos de etapas anteriores.
La comparación resulta especialmente elocuente si se analizan los datos de etapas pasadas. El número de asesores que gestionan hoy Sánchez y Bolaños supera ampliamente a todo el Consejo de Ministros de José María Aznar, e incluso a los 471 asesores con los que arrancó José Luis Rodríguez Zapatero en su primer año como presidente. Sánchez ha batido su propio récord en tres años consecutivos: 460 asesores en 2023, 471 en 2024 y 477 en este 2025. Si se compara con el año 2019, los departamentos de Presidencia y Justicia han sumado 151 asesores más en apenas seis años.
Esta evolución contrasta con la estructura que gestionó Mariano Rajoy en los últimos compases de su presidencia. En 2017, su Ejecutivo contaba con 445 asesores, una cifra inferior en 32 personas a la que ahora solo emplean Sánchez y Bolaños, a pesar de que entonces el Ministerio de Presidencia integraba también las competencias de Política Territorial y las delegaciones del Gobierno.
El Ejecutivo engorda su cúpula
Pero el crecimiento del aparato gubernamental no se detiene en los asesores. También los altos cargos han alcanzado cifras nunca vistas. Según el registro oficial de personal, el Gobierno de Sánchez contaba en 2024 con 799 altos cargos, lo que representa 42 más que el año anterior y 128 más que los que tuvo Rajoy en su último ejercicio completo al frente del Ejecutivo.
Este aumento tiene relación directa con el ensanchamiento del Consejo de Ministros, que actualmente cuenta con 22 carteras tras los acuerdos de coalición primero con Podemos y ahora con Sumar. Pero también con la expansión de un verdadero “Gobierno paralelo” en La Moncloa. Según revela El Confidencial, bajo el paraguas de Presidencia se han creado 28 departamentos con rango de alto cargo, entre ellos direcciones específicas para Asuntos Económicos, Asuntos Culturales, Exteriores, Prospectiva, Información Autonómica o Proyectos Estratégicos.
Este enjambre de estructuras con su correspondiente plantilla de asesores ha disparado el gasto público destinado al personal de confianza. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) cifra en 163 millones de euros el coste total en 2024: 86,4 millones para altos cargos y 76,9 millones para asesores. Todo ello para mantener una maquinaria gubernamental que ha ido incorporando nombres polémicos en los últimos años, como Koldo García, exmano derecha de José Luis Ábalos; Leire Díez, apodada la “fontanera de Ferraz” y colocada al frente de Correos; o la asesora de Begoña Gómez, esposa del presidente.
El crecimiento del aparato de poder en torno a Pedro Sánchez ha generado un sistema cada vez más verticalizado, donde la toma de decisiones y el control de la acción política se concentra en los aledaños de Moncloa. Las cifras reflejan no solo un aumento cuantitativo del personal nombrado a dedo, sino también una lógica de hiperpolitización de la Administración, en la que los puestos de confianza se multiplican al ritmo que marcan las necesidades del Ejecutivo y sus pactos parlamentarios.
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