Los tres empresarios investigados en la trama ‘Cerdán’ niegan haber pagado comisiones a Ábalos y Koldo García a cambio de la adjudicación de obras públicas

José Ruz, administrador de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC); y los hermanos Daniel y Antonio Fernández, de Obras Públicas y Regadíos (OPR), han negado este viernes ante el Tribunal Supremo haber pagado comisiones a José Luis Ábalos, Santos Cerdán o Koldo García a cambio de la adjudicación de obras públicas.

Los nombres de los tres empresarios aparecen en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, filtrado a los medios de comunicación el pasado mes de junio, en el que se señalaba al secretario de Organización del PSOE como “la persona encargada de gestionar” los “presuntos pagos” de mordidas por la adjudicación ilegal de obras al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García.

Fuentes jurídicas han informado a Europa Press que los empresarios de LIC y OPR han negado ante el magistrado Leopoldo Puente cualquier irregularidad en los contratos con Transportes y han defendido que se hicieron de manera legal.

ADIF propuso a LIC como adjudicataria de una obra de emergencia en Asturias, por un valor de 592.053 euros; la estabilización de los taludes en Gijón, una obra de conservación en Teruel y una obra en la autovía A-12 de Santiago. Por otro lado, OPR fue contratada para adaptar de manera parcial la segunda calzada de la Autovía A-63 en Asturias por un valor superior a 7 millones, un proyecto en el tramo Úbeda-Torreperogil (Jaén) y un tratamiento de puentes, túneles y explanaciones en Monforte-Lugo.

Ruz, que ha contestado a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, el juez y su propia defensa, ha hablado sobre la contratación de Koldo García en LIC. Según el informe de 490 páginas, dicha empresa, entre diciembre de 2022 y junio de 2023, habría pagado al antiguo chófer y asesor de Ábalos un sueldo mensual 2.600 euros. Fuentes consultadas señalan que Koldo García fue contratado no por su empresa, sino por la de Juan Carlos Eter. Este “habría simulado la contratación de Koldo a quien dio de alta en la seguridad social, pagándole de manera recurrente una nómina de 2.600 euros netos con carácter mensual”, como apunta el informe. Ruz ha negado que pagara ese sueldo.

Sin embargo, el empresario sí ha reconocido que cuando escribió a Koldo para pedirle un encuentro con ‘El Navarro’ se refería al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, que ya se encuentra en prisión preventiva.

Santos Cerdán, alias ‘El Navarro’

Según uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el empresario Ruz solicitó en marzo de 2022 al entonces asesor ministerial Koldo García mantener una conversación directa con Santos Cerdán —al que se refería como “El Navarro”— alegando que había “heridos inocentes” y “gente fuera del baile”. “No es conveniente para la ganadería”, afirmó en ese intercambio.

De la misma manera, ha asegurado que el término “ganadería” se empleaba como código para referirse a partidos políticos. En el contexto concreto de aquella conversación, se hablaba del PSOE. No obstante, las mismas fuentes señalan que el empresario no fue interrogado sobre si ese encuentro con Cerdán llegó finalmente a producirse.

Por otro lado, los hermanos Fernández han negado también haber pagado comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones de obra pública. No obstante, Daniel Fernández ha admitido que intercedió para que Patricia Úriz, exmujer de Koldo García, fuera contratada por Áridos Anfersa, una filial de OPR. Según su testimonio, fue el propio Koldo quien le entregó el currículo de Úriz y él se encargó de trasladarlo.

De acuerdo con la UCO, Koldo actuó con los hermanos Fernández del mismo modo que con el empresario Ruz: trató de “influir” en organismos como ADIF y Carreteras con el objetivo de obtener la adjudicación irregular de diversas obras públicas.

Además, la UCO señala que, una vez Koldo dejó su puesto como asesor ministerial, los hermanos Fernández siguieron en contacto con él para conocer los cambios en los cargos de responsabilidad tras las sucesivas reestructuraciones en el Ministerio.

El magistrado les ha impuesto como medidas cautelares comparecencias cada quince días. Además, de esto, a Ruz se le ha retirado el pasaporte, a petición de la Fiscalía.

*Con información de Europa Press