Este miércoles 2 de julio vence el plazo establecido por el Ayuntamiento de Barcelona para el desalojo de los residentes de tres inmuebles de titularidad municipal en el barrio de Vallcarca, viviendas que fueron expropiadas en 2015 y ocupadas por familias vulnerables. Según denuncia la asociación Som Barri, se trata de un “macrodesahucio” con el que el consistorio dirigido por el socialista Jaume Collboni “dejará a 40 personas en la calle, 13 de ellas menores de edad” a pesar de que las familias no disponen de una alternativa habitacional y de que han intentado negociar para llegar a un acuerdo.
Estas familias con menores a su cargo vivían previamente en asentamientos y optaron por ocupar estas viviendas después de que permanecieran vacías durante años, explica a Infobae España Aran Llivina, una de las portavoces de Som Barri, quien indica que en el contexto de la actual crisis habitacional en Barcelona “no puede ser que haya pisos vacíos”. Entre los afectados, según indican, se encuentran tanto familias con varias generaciones en el barrio como personas migrantes, si bien todas comparten una misma situación: carecen de recursos para afrontar el coste de las nuevas viviendas que el Ayuntamiento proyecta en la zona.
Las familias, relata la activista, han tratado de dialogar con el Ayuntamiento para evitar el desalojo, pero no han tenido éxito. “Es de nuevo la sinrazón de echar a vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad para tirar al suelo edificios enteros que cumplen una función social. Por eso pedimos que no derriben sus casas al menos hasta que todo esté expropiado”.
Además, las opciones que los Servicios Sociales han ofrecido a los vecinos afectados de pasar unos días en un albergue o en una pensión “no son una solución habitacional real ni digna”, especialmente para aquellas familias con menores a su cargo, sostiene la asociación.
El Ayuntamiento quiere construir ”más vivienda protegida"
El desalojo impulsado por el Ayuntamiento en este barrio ubicado en el distrito de Gràcia forma parte de un proyecto urbanístico pendiente desde 2002 que busca transformar la zona con la construcción de “más vivienda protegida y más vegetación”, según la información publicada por el consistorio, lo que también implica retomar el proyecto de la rambla verde de la avenida de Vallcarca, “una infraestructura indispensable en el contexto de emergencia climática como el actual”, sostiene la administración local. En total, las obras tienen un presupuesto de cerca de dos millones de euros y la previsión es que finalicen a principios de 2026.
Desde Som Barri, sin embargo, aseguran que esa rambla “será más de cemento que verde”, porque se construirá sobre un depósito pluvial enorme que “impedirá plantar árboles” y que la vegetación sea frondosa. “Muchos vecinos creen que la rambla será una gran infraestructura y que sus casas se van a revalorizar, pero no es así”, sostiene Llivina, que explica que frente a la propuesta municipal, su asociación ha propuesto reducir el espacio destinado a los automóviles para ampliar las áreas verdes, de forma que “priorizan las zonas peatonales”.
“Es una operación de gentrificación de manual”
La asociación lamenta que ha intentado, sin éxito, abordar con el Ayuntamiento la modificación de este plan urbanístico para “adecuarlo a las necesidades actuales” de una ciudad que requiere vivienda pública y sin necesidad de derribar viviendas. Tanto vecinos como organizaciones sociales consideran que estos procesos de expropiación y desalojo son “una operación de gentrificación de manual” y evidencian, a su juicio, “el modelo de ciudad que quiere el Partido Socialista de Catalunya para Barcelona, uno que expulsa a las clases bajas ya no solo del centro, sino de la ciudad”.
También advierten que, pese a las dificultades, seguirán luchando para convertir Vallcarca en “un símbolo de la lucha vecinal” contra ese modelo de ciudad. Su objetivo es visibilizar la defensa del derecho a una vivienda digna y a la conservación del tejido social del barrio, por lo que para este miércoles a las 7:00 de la mañana han convocado una movilización en la Avenida Vallcarca número 88 para tratar de paralizar el desahucio e impulsar un cambio en las políticas municipales.
Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, entre enero y marzo de este año, un total de 7.334 familias fueron desahuciadas de sus casas por orden judicial en España, un dato que apenas ha descendido un 1,2% respecto al mismo periodo del año pasado, pero que refleja una realidad social enquistada: los desalojos siguen siendo una amenaza cotidiana para muchas personas vulnerables.
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