El Ministerio de Consumo llevará “de forma inmediata” al Consejo de Ministros una propuesta para modificar la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios con el objetivo de frenar la práctica de la reduflación. Así lo han confirmado este miércoles a EFE fuentes del departamento dirigido por Pablo Bustinduy.
La reduflación es una estrategia comercial empleada principalmente por fabricantes del sector alimentario, que consiste en reducir la cantidad o el tamaño de un producto manteniendo su precio, o incluso aumentándolo, sin informar claramente al consumidor.
La medida se incluirá dentro del anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, que el ministro prevé presentar próximamente ante el Ejecutivo. La reforma afectará al artículo 20 de la normativa vigente y establecerá una nueva obligación de transparencia para las empresas.
En concreto, se añadirá un nuevo apartado que obligará a los fabricantes a informar “de forma clara y comprensible” cuando se reduzca el contenido o el número de unidades de un producto. Esta información deberá estar indicada de forma “legible y visible” en el punto de venta final durante al menos 90 días desde la primera comercialización del producto con las nuevas características. También se exigirá que se comunique cualquier aumento de precio derivado de dicha reducción.
El propósito de la modificación es evitar que los consumidores adquieran productos creyendo que mantienen las mismas condiciones que antes, cuando en realidad han visto reducido su contenido.
Actualmente, el Congreso tramita una proposición de ley del PSOE que también busca regular esta práctica. No obstante, según las fuentes consultadas por EFE, el texto socialista no contempla obligaciones de información cuando la reduflación afecta al número de unidades en paquetes, limitándose solo a la reducción del contenido en envases individuales.
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