El Supremo podría sentar al PSOE en el banquillo por el ‘caso Cerdán’ e imponerle penas de multa y hasta su disolución

La citación de Santos Cerdán -hasta hace una semana secretario de organización del PSOE- en un atestado de la UCO ha sacado a la palestra el papel de los partidos políticos en tramas de corrupción y sus posibles responsabilidades penales. Ante estos hechos, Felipe García Hernández, socio director de Círculo Legal y miembro de la Junta Directiva Internacional de la World Compliance Association, considera que este caso puede afectar al Partido Socialista que “podría acabar respondiendo como persona jurídica, en un caso que ya apunta a cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales”.

García Hernández argumenta que “la culpa in eligendo e invigilando dentro del partido es evidente”, ya que, de confirmarse los hechos, Pedro Sánchez podría llegar a declarar como investigado en el Tribunal Supremo. En el atestado, los principales colaboradores del Ejecutivo aparecen como comisionistas en adjudicaciones públicas, lo que, según el abogado, deja al PSOE expuesto a la aplicación del artículo 31 bis del Código Penal: “No hablamos de una metáfora. Es Derecho Penal puro”, señala.

El atestado revela un funcionamiento que “apunta a una organización criminal”, explica el abogado, donde se pagaban ‘impuestos’ para mantener en el sistema a figuras clave como Cerdán, Koldo o Ábalos. “Esto ya no va de escándalos mediáticos o ceses forzados. Aquí se dilucida si las estructuras políticas están o no sujetas al imperio de la ley”, incide.

Cumplimiento normativo

Uno de los puntos más críticos en este caso será el papel del compliance officer -responsable de cumplimiento normativo- del PSOE. “Esa figura no puede ser decorativa”, insiste el jurista, para quien si se prueba que los controles del programa de cumplimiento eran insuficientes o que no había voluntad real de prevenir delitos, el programa quedará desacreditado, “lo que reforzaría la tesis de que el partido no actuó con la diligencia debida”.

El jurista destaca que las medidas que Pedro Sánchez ha anunciado, como la remodelación de su cúpula, desmantelada con la salida de Cerdán o la comisión de investigación parlamentaria, así como auditorías, “son medidas a todas luces insuficientes y dan cuenta de que el programa de compliance y la cultura del partido tienen carencias no sólo en el área preventiva, si no en la reactiva”.

PSOE, ¿responsable penal?

Felipe García señala que el Supremo puede llamar al procedimiento al PSOE como responsable penal: “Sin duda, este procedimiento penal, a poco recorrido que tenga, parece que va a poder sentar en el banquillo al PSOE como responsable penal, con la posibilidad de imponerle penas de multa, o incluso la disolución del partido". A su juicio, será clave para las periciales de compliance esclarecer si los sistemas de control y prevención del partido estaban correctamente diseñados e implantados para evitar los delitos que se han producido.

El vocal de la World Compliance Association advierte que el órdago del presidente del Gobierno hablando de su “impecable compliance, le puede costar caro a su partido, si al final el Tribunal sienta en el banquillo al PSOE y se demuestra que su programa de cumplimiento no era eficaz para prevenir delitos”. Para García, desde el punto de vista legal, “el PSOE podría enfrentarse a consecuencias demoledoras: sanciones millonarias, o incluso su disolución”.

Respecto a las auditorías anunciadas por el Partido Socialista para esclarecer el caso, Felipe García opina que “solo son un vendaje para parar una hemorragia. Sin medidas reactivas, sin colaboración con la justicia, el PSOE tiene difícil conseguir su exoneración penal, o incluso conseguir la aplicación de la atenuante, ya veremos, la pregunta es clara: ¿el compliance en Ferraz era pura fachada? Todo se verá”.