La jueza de Instrucción número 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, que investiga el caso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha rechazado su recurso, lo que confirma la apertura del juicio en su contra.
En el auto, al que ha tenido acceso Infobae España, la jueza comienza destacando que “sorprende a esta instructora, acostumbrada a resolver recursos contra Autos de Procedimiento Abreviado desde hace muchos años, el tono y contenido de los interpuestos en la presente causa,- más propios de los recursos contra las sentencias condenatorias-, pues parece olvidarse por los intervinientes, que nos encontramos en la fase de instrucción del procedimiento, donde se practican diligencias de investigación con la finalidad de determinar la existencia de indicios de criminalidad”.
El recurso de David Sánchez
En su recurso, David Sánchez cuestionaba principalmente la validez de las actuaciones judiciales, negaba irregularidades en la creación y adjudicación del puesto de Coordinador de Actividades de los Conservatorios, y defendía que sí cumplió con sus responsabilidades laborales. Además, alegaba supuestas vulneraciones procesales y falta de competencia en la investigación de ciertos implicados.
La jueza Beatriz Biedma Rojano, sin embargo, desestima estas alegaciones y argumenta que, aunque se trate de una fase preliminar, existen indicios racionales claros de criminalidad. El auto destaca que el puesto fue creado sin una justificación real ni necesidad objetiva, y que desde su origen estuvo destinado a beneficiar a David Sánchez, circunstancia conocida por los responsables de la Diputación.
Además, la jueza señala que Sánchez no desarrolló las funciones previstas en su contrato, desvinculándose de las actividades propias del cargo para centrarse en proyectos personales, como el programa “Ópera Joven”. La resolución resalta que la modificación posterior del puesto, para ajustarlo a las preferencias del investigado, careció de las formalidades legales y no incorporó una descripción clara de funciones.
También se pone de manifiesto la creación de un nuevo cargo para un colaborador cercano, Luis María Carrero Pérez, que asumió responsabilidades relacionadas con la actividad de Sánchez, en condiciones que sugieren trato preferente y planificación previa a la convocatoria pública.
En cuanto a las diligencias de investigación, la jueza confirma que la intervención de comunicaciones fue realizada conforme a la ley y sin vulnerar derechos fundamentales. Sobre la competencia judicial para investigar a aforados implicados, el auto recuerda que no existen indicios sólidos para elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.
Finalmente, la resolución concluye que el procedimiento administrativo para la creación y modificación de los puestos, aunque siguió los trámites formales, sirvió para encubrir una finalidad fraudulenta, que consistió en beneficiar a personas concretas dentro del aparato institucional.
La acusación y la Fiscalía
En el borrador de la acusación popular unificada (Asociación Hazte Oír, Fundación de Abogados Cristianos, Liberum, Manos Limpias, Iustitia Europa y Vox), piden la pena de tres años de cárcel para el investigado por un delito de tráfico de influencias en concurso medial con prevaricación y nombramiento ilegal.
Además, solicitan el propio Sánchez y el exasesor de Moncloa, Luis Carrero, también imputado, devuelvan a la Diputación de Badajoz “los salarios que hayan obtenido de la misma, una vez sea determinada dicha cuantía, más los intereses legales correspondientes”.
Por su parte, la Fiscalía instó a la Audiencia de Badajoz a archivar el procedimiento abierto a David Sánchez al entender que no existen indicios de criminalidad que permitan atribuir la comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
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