Colectivos sociales piden al PSOE que la regularización de migrantes no sea “un parche a los errores” del nuevo reglamento de Extranjería

La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de medio millón de extranjeros, que fue respaldada por más de 600.000 firmas con el objetivo de “acabar con la vulneración de los derechos” de quienes que se encuentran en situación administrativa irregular, lleva más de un año estancada en la Cámara Baja. Sin embargo, en los últimos días el PSOE ha impulsado en los últimos días la negociación con el resto de grupos políticos para tramitarla finalmente, adelantó el diario El País.

Según han indicado fuentes parlamentarias a este periódico, el PSOE ha mantenido ya conversaciones telefónicas con los representantes de los distintos grupos parlamentarios para retomar la negociación de esta ILP. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que siempre ha evitado pronunciarse directamente sobre esta regularización, poniendo en valor las oportunidades para el arraigo que brinda el nuevo reglamento de extranjería (ha entrado en vigor este 20 de mayo), ahora quiere dar luz verde a la iniciativa.

Ese nuevo reglamento, con el que el Gobierno estima que podrán regularizarse unas 300.000 personas migrantes al año, ha generado, sin embargo, preocupación entre las organizaciones sociales como CEAR, Andalucía Acoge, Cáritas, Red Acoge y el Servicio Jesuita a Migrantes, que advierten de que tendrá graves consecuencias para los solicitantes de asilo y que la normativa “tiene margen de mejora”. Estas personas cuentan con una autorización para permanecer y trabajar en España durante el periodo de tramitación de la solicitud, que suele estar entre uno y dos años, pero con la reforma del reglamento, si les deniegan la petición, deberán esperar dos años más para poder solicitar una autorización por arraigo, porque no se les reconocerá el tiempo de permanencia previo.

La ILP, si bien aún está sujeta a cambios, pretende suplir ese hueco que deja esta reforma. En este sentido, Victoria Columba, portavoz del Movimiento Regularización Ya y propulsor de la ILP, valora positivamente que el PSOE haya pisado el acelerador para intentar tramitarla tras más de un año paralizada, pero muestra cautela porque “apenas cuentan con información ni conocen la letra pequeña” de la propuesta.

Diferentes posturas entre los partidos

“Aún no sabemos qué ha negociado el PSOE con PNV y Junts por Catalunya para sacar adelante la ILP, porque si se trata de las competencias solo para deportar o solo para gestionar, nosotras no estaremos de acuerdo. Tampoco estamos de acuerdo en que esto sea un parche a una reforma en la que no se nos consultó directamente, porque ya en su día advertimos que con el nuevo reglamento de Extranjería muchos solicitantes de asilo se iban a quedar fuera, pero no nos hicieron caso”, dice Columba a Infobae España.

Y es que, ahora la clave será decidir, a través de la negociación entre partidos, en qué términos sale adelante la ILP, ya que formaciones como ERC, EH-Bildu, BNG y Podemos han sido siempre partidarias de una regularización que incluya a prácticamente todas las personas en situación irregular que viven en el país, mientras que otros como PP, Junts o PNV han apostado por incluir diferentes condicionantes.

“Esperamos que el Gobierno se digne a hablar con el Movimiento Regularización Ya para que nos explique cuáles son esos acuerdos alcanzados con las fuerzas que no estaban a favor de nuestra demanda de una regularización extraordinaria” que beneficiaría a más de 500.000 personas, añade la activista. El colectivo sostiene que la ILP “debe ser amplia y sin condiciones”, de forma que pueda abarcar a todas las personas que estuvieran en España “antes del 20 de mayo de 2025 y no el 31 de diciembre de 2024, como plantea el texto que está proponiendo PSOE a los partidos políticos”.

Después de que el pasado mes de septiembre la Mesa del Congreso desbloqueara la tramitación parlamentaria de la ILP, poniendo fin a las prórrogas del plazo de enmiendas que se habían extendido durante meses, el siguiente paso es debatir la ley y las enmiendas en ponencia y comisión para después elevar un dictamen al Pleno del Congreso para su aprobación definitiva.

De momento, este proceso sigue paralizado en la Cámara Baja, pero en Sumar celebran que el PSOE, su socio en el Ejecutivo, haya decidido impulsar la norma. Fuentes de los Comunes (Sumar) critican que el reglamento aprobado por el ministerio dirigido por Elma Saiz era “insuficiente y restrictivo”. Más allá de las críticas de las entidades sociales, juristas, organizaciones religiosas y una amplia mayoría parlamentaria, los de Yolanda Díaz apelan a “escuchar el clamor de la calle y hacer posible una regularización en serio, sin exclusiones ni trampas”.