Han pasado meses de incertidumbre, pero en marzo el Gobierno consiguió finalmente dar vida a Muface. La mutualidad que otorga asistencia sanitaria a miles de funcionarios y sus familiares ha logrado sobrevivir al menos tres años más gracias a la inversión multimillonaria del Estado, que ha logrado convencer a Adeslas y Asisa de mantener el modelo hasta 2027. Pero el futuro del mutualismo no está nada asegurado y esta semana ha recibido un nuevo revés: en un reciente estudio, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha recomendado la desaparición paulatina de todo el mutualismo en España.
De llevarse a cabo su plan, 1,6 millones de funcionarios se quedarían sin la asistencia privada que hasta ahora habían recibido. Esto afectaría no solo al millón de personas presente en Muface, sino también a diplomáticos, jueces y militares cubiertos en otras mutualidades del Estado, como Mugeju e Ifsas.
El análisis de la AIReF concuerda con el elaborado por el Ministerio de Sanidad, que defiende desde hace meses que “Muface no es sostenible” y que el Sistema Nacional de Salud estaría “eventualmente preparado” para atender a los funcionarios. “El informe va en la línea de lo que venimos defendiendo desde el Ministerio de Sanidad, porque los datos son tozudos y porque nuestro Sistema Nacional de Salud es el mejor sistema de provisión de salud”, valoró Mónica García al conocer la noticia, destacando “la ineficiencia” de los conciertos sanitarios en el “uso racional de los medicamentos”, que “gastan más, pero gastan peor”; y la preferencia de los funcionarios por la sanidad pública en servicios como oncología o cardiología.
El pasado mes de noviembre, la cartera García presentó un plan para incorporar a los mutualistas al SNS. Su estrategia contaba con plazos ajustados, en base a una posible desaparición de Muface en el corto plazo. En cambio, la AIReF ha planteado una solución a corto y medio plazo que permita la incorporación paulatina de los funcionarios a la sanidad pública.
Voluntario y traslado de nuevos funcionarios
La AIReF calcula que actualmente 1,6 millones de funcionarios y beneficiarios (familiares) acuden a la sanidad privada en alguno de los modelos de mutualidad del Estado. Su traspaso al SNS implicaría 0,9 consultas adicionales al día en atención primaria, 24,6 pacientes más por cada mil habitantes en consultas especializadas y 1,3 pacientes más por cada mil habitantes para intervenciones quirúrgicas. En este sentido, su informe es claro: la incorporación inmediata de los mutualistas, sin un refuerzo de la sanidad pública, supondría un aumento de las listas de espera, del 7% en quirúrgica y del 30% en consultas.
Para evitarlo, la AIReF propone dos reformas estructurales: la primera pasa por acabar con la adscripción obligatoria del mutualismo. Actualmente, los funcionarios deben elegir cada año si serán tratados por la sanidad privada o la sanidad pública, renovando su decisión cada año. La AIReF aconseja pasar a un régimen voluntario, que se implementaría previa consulta a los mutualistas en el próximo concierto, es decir, a partir de 2027. “Esta reforma permitiría racionalizar el sistema y generar ahorros tanto para el funcionariado como para las arcas públicas”, pues el funcionario que no elija la sanidad privada dejaría de pagar las cuotas que aporta actualmente, asegura la AIReF.
El segundo paso sería una “progresiva incorporación de los nuevos mutualistas al Sistema Nacional de Salud”. Es un fenómeno que ya se está dando de forma natural: el 72% de los nuevos funcionarios ya optan por seguir acudiendo a la sanidad pública, según datos de 2023. La incorporación podría realizarse de manera estratégica, dando prioridad a los cuerpos funcionariales que ya muestran una preferencia clara por el SNS, como son los maestros y profesores universitarios (un 80% de los nuevos optan por el SNS), profesores de secundaria (77%) o los cuerpos de la Administración general (58%).
Pero esta estrategia no sirve de nada si no se refuerza el sistema actual. A corto plazo, la AIReF insiste en la necesidad de fortalecer el sistema de información sanitaria, mejorar la coordinación con el SNS y continuar impulsando la historia clínica digital.
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