
La Guardia Civil enfrenta una creciente desigualdad en sus condiciones laborales y salariales en comparación con otros cuerpos policiales en España. Según informó JUCIL, la asociación profesional mayoritaria de este cuerpo, “las diferencias retributivas y organizativas han alcanzado niveles insostenibles, lo que ha llevado a la organización a intensificar sus demandas ante la Dirección General de la Guardia Civil”.
Según un comunicado compartido por la asociación, en una reunión reciente con Mercedes González, directora general del cuerpo, el secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, solicitó medidas urgentes para acabar con lo que califican como una discriminación histórica.
De acuerdo con JUCIL, la principal reivindicación es la equiparación salarial bajo el principio de “a igual trabajo, igual salario”. Esto implica que los agentes de la Guardia Civil perciban retribuciones equivalentes a las de otros cuerpos policiales, como los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza, que actualmente disfrutan de condiciones económicas más favorables. Vilariño destacó que esta desigualdad no solo afecta la dignidad profesional de los agentes, sino que también repercute en la eficacia del servicio que prestan a la ciudadanía.
Con más de 15.000 miembros, JUCIL se ha consolidado como la asociación profesional más representativa de la Guardia Civil.
El comunicado detalló que las diferencias salariales entre la Guardia Civil y otros cuerpos de seguridad del Estado no han dejado de crecer en los últimos años. Según Vilariño, el Ministerio del Interior ha bloqueado durante años las mejoras salariales, lo que ha perpetuado una brecha económica que consideran injustificada. Además, recordó que los agentes aún no han recuperado el 5% de sus salarios recortados en 2011, una medida que afectó especialmente a las pagas extraordinarias.
El impacto de esta situación se agrava con el aumento constante del Índice de Precios al Consumo (IPC), lo que ha reducido aún más el poder adquisitivo de los guardias civiles. JUCIL exige la devolución inmediata de los recortes salariales y una actualización de las retribuciones acorde con el coste de vida actual.
Condiciones laborales desiguales
Más allá de las cuestiones salariales, JUCIL también denuncia desigualdades en las condiciones laborales. Uno de los puntos más destacados es la ausencia del turno 6x6 (seis días de trabajo seguidos de seis días de descanso), un modelo que ya aplica la Policía Nacional y que, según la asociación, mejoraría significativamente la calidad de vida de los agentes de la Guardia Civil. Actualmente, los guardias civiles enfrentan jornadas laborales que incluyen “dobletes”, es decir, turnos consecutivos que afectan negativamente su salud y bienestar.
Otro aspecto crítico señalado por JUCIL es la falta de reconocimiento de la Guardia Civil como una profesión de riesgo. Según datos proporcionados por la asociación, en 2024 se registraron 1.404 agresiones contra agentes, lo que representa un aumento del 34% en los últimos dos años. Este reconocimiento no solo implicaría una mayor protección para los agentes, sino también mejoras en sus condiciones de jubilación, como coeficientes reductores y compensaciones por la penosidad y peligrosidad inherentes a su labor.
La jubilación es otro de los temas prioritarios para JUCIL. La asociación solicita que los agentes puedan acceder voluntariamente a la reserva sin sufrir penalizaciones económicas, una medida que consideran esencial para garantizar una retirada digna tras años de servicio.
Además, Vilariño subrayó que la Guardia Civil enfrenta un déficit de efectivos y una insuficiente oferta de empleo público, lo que sobrecarga a los agentes en activo. También denunció que el cuerpo ha sido utilizado como moneda de cambio político, perdiendo competencias asignadas por ley en algunas comunidades autónomas.
En su reunión con Mercedes González, JUCIL instó a la Dirección General de la Guardia Civil a respaldar las reivindicaciones de la asociación y a trabajar en conjunto para poner fin a las desigualdades que afectan al cuerpo. Según la asociación, estas demandas no solo buscan mejorar las condiciones laborales de los agentes, sino también garantizar un servicio más eficiente y justo para la ciudadanía.
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