Los tres casos en los que te pueden cobrar por hacer una entrevista de trabajo

De acuerdo con la inspectora de Trabajo y Seguridad Social, Ana Ercoreca, es posible que los aspirantes a un puesto de trabajo en un ayuntamiento o una diputación provincial deban pagar una tasa para participar en una entrevista laboral. Esta práctica, que puede parecer inusual, está respaldada por la legislación vigente en España, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Sin embargo, esta medida no aplica en el ámbito privado, donde sería considerada ilegal.

La inspectora Ercoreca ha decidido hablar largo y tendido sobre este tema tras recibir la consulta de una mujer que aspiraba a un puesto en un ayuntamiento de Granada y que se vio obligada a abonar una tasa para participar en el proceso de selección.

La inspectora explicó que esta práctica está amparada por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, que permite a las administraciones locales imponer tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades que sean de su competencia.

Ahora bien, hay que cumplir tres requisitos obligatorios, y es crucial conocerlos para no formar parte de un proceso de selección laboral fraudulento.

La normativa que regula esta práctica se encuentra recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Según esta ley, los ayuntamientos y las diputaciones provinciales tienen la facultad de establecer tasas para cubrir los costes asociados a servicios o actividades que realicen en el marco de sus competencias. Esto incluye tanto procesos selectivos para cubrir plazas temporales como oposiciones.

Además, aunque esta medida puede resultar sorprendente para muchos, es completamente legal siempre que se cumplan tres condiciones específicas. Estas son: la existencia de un acuerdo formal que establezca la imposición de la tasa, la elaboración de una memoria económica que justifique los costes asociados al proceso y la publicación de esta información en el Boletín Oficial de la Provincia correspondiente.

La inspectora también aclaró que esta práctica es exclusiva de las administraciones públicas y no puede ser aplicada por empresas privadas. En el ámbito privado, cualquier intento de cobrar a un candidato por participar en una entrevista laboral sería considerado ilegal y podría dar lugar a sanciones por parte de la inspección de trabajo.

En contraste, en el sector público, el cobro de tasas está diseñado para cubrir los gastos asociados a los procesos de selección, lo que incluye tanto la contratación temporal como las oposiciones. Este enfoque busca garantizar que las administraciones locales puedan gestionar de manera eficiente los recursos necesarios para llevar a cabo estas actividades.

No obstante, aunque esta práctica por parte del sector público pueda ser legal, resulta controvertida para muchos. La posibilidad de que los candidatos deban pagar por una entrevista laboral plantea preguntas sobre la accesibilidad y la equidad en los procesos de selección en el sector público, aunque cierto es que, según la propia inspectora, los precios de estas tasas no son en absoluto elevados, y pueden girar en torno a cifras de 20 o 30€.