Goteras, humedades y cortes de suministro: las “tácticas de desgaste” de una familia para echar a 46 vecinos de un bloque en Madrid: “No nos vamos a ir”

Natalia sabe que tarde o temprano recibirá un burofax, como ya les ha ocurrido a la mayoría de sus vecinos, donde le comunicarán que debe abandonar su hogar porque no le renuevan el contrato de alquiler. Vive desde 2008 en la calle General Lacy 22, en el barrio madrileño de Arganzuela, junto a su marido y sus dos hijos menores y paga 1.000 euros de renta al mes, pero la familia Campos Cebrián González Ruano, propietaria del edificio, lleva meses tratando de desahuciar a los 46 vecinos del bloque “mediante presiones y acoso”, unas “tácticas de desgaste” ante las que han decidido unirse y plantarse: “No nos vamos a ir”.

Los vecinos, organizados en el Sindicato de Inquilinas, quieren negociar la renovación de sus contratos de alquiler con la propiedad del inmueble, la inmobiliaria de la familia Campos Cebrián, porque muchos no pueden permitirse otra opción o se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero de momento los dueños se niegan. De hecho, fue el año pasado cuando, a raíz de un cambio repentino de la administración del edificio, comenzaron los problemas y los inquilinos empezaron a recibir burofaxes.

“Aquí hay gente mayor y gente que está enferma que lleva muchos años viviendo aquí y que no tiene otra alternativa habitacional. Además, todos pagamos nuestro alquiler y los recibos de los servicios”, explica a Infobae España Natalia, que prefiere no dar su verdadero nombre por miedo a represalias. “Es triste estar pasando por esto sin que los propietarios vengan a hablar con nosotros o traten de llegar a un acuerdo, porque la mayoría de nosotros llevamos viviendo más de 10 años en estos pisos”, añade.

Según denuncia el sindicato, la familia Campos Cebrián González Ruano, que posee otros muchos bloques en Madrid, “pretende vaciar el edificio para transformarlo en alquiler de temporada para supuestos nómadas digitales”. “Solo buscan especular y aumentar sus beneficios, una dinámica que es la principal responsable de que en el último año el precio del alquiler en el distrito de Arganzuela se haya disparado un 9,2%”, critica por su parte la organización.

Ante la negativa de los vecinos y vecinas a abandonar sus hogares, la respuesta de la familia propietaria del edificio “ha sido una estrategia de desgaste: generar condiciones de vida insostenibles”, ya que el edificio tiene ”humedades y goteras” y los inquilinos llevan meses sufriendo “cortes de suministros básicos y un abandono deliberado de las zonas comunes”. Una situación, tal y como describe Natalia, que está afectando a su salud porque “no dejan de dar vueltas a la idea de tener que marcharse” y eso genera “mucha ansiedad”.

En el caso de Natalia, la cocina de su casa “está hecha un desastre”, tanto que no quiere enviar una foto a este periódico porque “siente vergüenza”, y asegura que no quiere pedir a los propietarios que la arreglen por “miedo a que la echen”. También critica que ya desde el pasado año la limpieza de las zonas comunes deja mucho que desear, ya que “el rellano, las escaleras y el ascensor siempre están sucios y hay moho en las paredes”.

El casero debe mantener la vivienda en condiciones habitables

Esa falta de atención en el mantenimiento, indica el Sindicato de Inquilinas, “es una de las formas que utilizan los rentistas para la expulsión de las vecinas”, pero también advierten de que frente a esa situación han desarrollado “estrategias como la huelga de alquileres por incumplimiento del propietario”.

“Si el casero no cumple su deber de mantener la vivienda en condiciones habitables, como obliga el contrato de arrendamiento, el inquilino puede ejercer presión reteniendo el pago del alquiler hasta que se realicen los arreglos necesarios”, sostienen. De hecho, ya hay decenas de vecinos en Madrid que han plantado cara al fondo de inversión Nestar-Azora, el tercer mayor casero de España, al declararse en huelga de alquiler por las “subidas y cláusulas abusivas de sus contratos mientras los edificios están en estado ruinoso”, de forma que han decidido pagar solo el precio indicado en el contrato inicial y las actualizaciones legalmente exigibles, pero no otros conceptos que no les corresponden.

30.000 bloques de propiedad vertical

El edificio de General Lacy 22 es uno de los 30.000 bloques de propiedad vertical que hay en la Comunidad de Madrid, explica el sindicato, y las viviendas de estos edificios suelen pertenecer a un mismo propietario, “normalmente grandes promotoras inmobiliarias y fondos buitre”. Por eso, la organización, que anima a que los inquilinos “creen comunidades”, lanzó el pasado 2 de marzo una nueva campaña de desobediencia civil organizada, los ‘piquetes inquilinos’, con grupos de vecinos coordinados para impulsar huelgas de alquiler en sus barrios.

Manifestación estatal para el 5 de abril

Por razones como la especulación inmobiliaria, además de la incesante subida de los precios del alquiler -enero cerró con una subida interanual del 11,8%, hasta establecerse en los 13,8 euros por metro cuadrado-, los diferentes colectivos que conforman el movimiento por la vivienda digna han convocado para el próximo 5 de abril la primera manifestación a nivel estatal. Bajo el lema “Acabemos con el negocio de la vivienda”, exigirán la ampliación del parque público de vivienda y una bajada inmediata del 50% de los alquileres.

Otra de sus reivindicaciones son los contratos de alquiler indefinidos, ya que con los actuales, según establece la ley, “cada 5 o 7 años los inquilinos se ven obligados a dejar su hogar para ver cómo después sube ese alquiler, lo cual provoca miles de desahucios invisibles”, aseguran los colectivos, que también reclamarán la desarticulación de grupos de desokupación.