Las claves de la nueva regulación contra las estafas telefónicas: desde este sábado ya no recibirás llamadas desde números particulares

Con la aprobación de esta nueva normativa, “España se pone a la cabeza de Europa” en materia de seguridad contra el fraude telefónico, según ha señalado Óscar López

Guardar
Las llamadas comerciales se tendrán
Las llamadas comerciales se tendrán que hacer desde números con prefijos nacionales

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado una nueva orden ministerial destinada a combatir las estafas telefónicas y regular las llamadas comerciales. Según la normativa, las empresas no podrán realizar dichas llamadas desde teléfonos móviles, una medida que entrará en vigor en el plazo de tres meses.

Además, la orden estableces nuevas normativas para los teleoperadores, como el bloqueo de llamadas y SMS fraudulentos o procedentes de numeración no asignada. Con esta normativa, “España se pone a la cabeza de Europa”, en la lucha contra estas estafas, según ha señalado Óscar López, ministro de Trasformación Digital y Trasparencia Pública.

Claves de la nueva regulación

Entre las disposiciones que destacan en la nueva ley, está la prohibición “terminante” de que las empresas realicen llamadas comerciales desde teléfonos móviles. Según la normativa, “esta numeración está concebida para identificar usuarios finales y no a empresas”. Es decir, estas empresas solo podrán realizar las llamadas comerciales desde números gratuitos con prefijos nacionales, tales como 800 o 900, o desde números con prefijos geográficos.

Los operadores tendrán un plazo de 20 días para bloquear llamadas y mensajes con numeración no asignada, así como tres meses para implementar medidas de seguridad contra llamadas internacionales que imitan números españoles. Países como Reino Unido o Países Bajos son las principales sedes en las que más se practica estas actividades engañosas con numeración simulada española, según ha dicho el secretario de Telecomunicaciones, Matías González Martín.

El incumplimiento de estas medidas está recogido por la Ley General de Telecomunicaciones como una infracción grave, que puede acarrear multas de hasta dos millones de euros. “La graduación de la sanción en cada caso dependerá de la existencia de atenuantes, agravantes o el impacto causado”, ha afirmado González Martín.

El rol de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será esencial en la aplicación de ciertas medidas, como el registro de códigos alfanuméricos de SMS utilizados por empresas u organismos oficiales. En caso de no validar la propiedad de estos códigos, los operadores tendrán la obligación de bloquearlos automáticamente.

Sin embargo, este aspecto cuenta con un plazo de quince meses para su puesta en marcha, dado el nivel de complejidad y las competencias adicionales que implica para la CNMC. “Es un cambio significativo, ya que hasta ahora el control recaía en los propios operadores”, ha indicado el secretario.

La Guardia Civil alerta del “fraude del sí”: así graban tu voz los delincuentes en una llamada

La cuestión del WhatsApp

La expansión del uso de las aplicaciones de mensajería instantánea no está contemplada dentro de la nueva regulación. Aunque son canales cada vez más comunes para los servicios de atención al cliente, también se han convertido en vías para que los estafadores se hagan pasar, por ejemplo, por familiares, bancos o cuerpos de seguridad.

No obstante, González Martín ha subrayado que se trata de una etapa inicial de la normativa: “En los próximos meses tendremos que ver los impactos de esta orden” para evaluar los posibles ajustes en el futuro.

Otro de los frentes contemplados son los call centers controlados desde el extranjero. Estas empresas utilizan pasarelas internacionales que permiten atribuir numeración española, pero, con la aprobación de la nueva ley, deberán regirse a los puntos de terminación de red ubicados en España.

Crecimiento exponencial

El número de estafas telefónicas ha tenido un incremento relevante en los últimos años. Los intentos de fraude han aumentado un 500% entre ocho y diez años, generando desconfianza entre los clientes y ocasionando “importantes daños financieros y económicos”. “Los operadores también sufren de manera muy notable el perjuicio de estas estafas”, ha comentado Óscar López, y a pesar de que las nuevas regulaciones representan un coste de adaptación, resultan necesarias para frenar estos delitos.

Finalmente, la nueva regulación es el resultado de meses de debate y ajustes. La orden se presentó a consulta pública hace un año, con un borrador en junio que fue aprobado con modificaciones técnicas secundarias. “Hoy hemos dado un paso muy importante”, ha destacado el ministro, quien espera seguir el ejemplo de países como Alemania o Bélgica, donde tienen medidas muy similares que han arrojado resultados “muy positivos”.