El Gobierno de Aragón deberá indemnizar con 190.000 euros a la familia de un hombre que murió a consecuencia de un ictus por una falta de asistencia, según ha informado este martes la Asociación de El Defensor del Paciente en un comunicado.
Los hechos ocurrieron el 9 de diciembre de 2023, cuando el paciente, de 58 años y residente en la provincia de Zaragoza, acudió al Servicio de Urgencias del Centro de Salud de Calatayud con una elevación aguda de la presión arterial, por lo que se le administró tratamiento. Al día siguiente acudió al mismo centro sanitario con síntomas como inestabilidad en la marcha, disartria y diplopía, además de la tensión elevada, motivos por los que activó el “código ictus” y se solicitó una ambulancia para su traslado al Hospital Ernest Lluch de Calatayud. De hecho, la situación del paciente era tan delicada, explica la asociación, que el médico del servicio de Urgencias lo acompañó en la ambulancia hasta el hospital.
Los médicos no lo consideraron urgente
Una vez llegó al centro hospitalario, se le realizó un TAC que acreditó un aneurisma cerebral y trombo, por lo que los médicos “decidieron informar al Hospital Miguel Servet de Zaragoza, desde donde expresaron que fuera dejado en observación”. Durante las primeras horas de la madrugada del 11 de diciembre el estado de salud del paciente empeoró gravemente, de forma que ni siquiera podía expresarse, pero el médico de urgencias consideró que el hombre presentaba una situación “no urgente” y “falto de sintomatología”, por lo que retrasó la realización de pruebas. Sin embargo, cuando a la mañana siguiente se le repitió el TAC, se pudo observar que su estado de salud había empeorado considerablemente y solo entonces se le trasladó de forma urgente a la Unidad de Ictus del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
El paciente no logró superar el ictus y falleció el día 3 de febrero de 2024, dejando a su familia, explica la asociación, “con la eterna duda de si el desenlace podría haber sido otro si se hubiera procedido correctamente con el procedimiento establecido para el ‘código ictus’”. Tras estos hechos, la familia acudió al abogado Ricardo Agoiz, de El Defensor del Paciente, quien interpuso una reclamación de responsabilidad sanitaria ante el Gobierno de Aragón y, una vez realizada la tramitación, se llegó a un acuerdo con la aseguradora del Ejecutivo autonómico por el que la familia del fallecido ha sido indemnizada con 190.000 euros.
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