El juez del caso Koldo pide a la UCO un informe de la situación económico-patrimonial de Ábalos y de su hijo

El magistrado de la Sala Penal Leopoldo Puente ha dictado hoy un auto en el que requiere a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a la mayor brevedad posible, un informe sobre la situación económico-patrimonial del exministro José Luis Ábalos y de su hijo Víctor, conforme resulte de la consulta de fuentes abiertas, expresivo de las cuentas o depósitos bancarios de los que pudieran ser titulares, cotitulares o autorizados; de los bienes inmuebles o vehículos que se hallaren registrados a nombre de uno u otro; y de su eventual participación en entidades mercantiles como administradores, socios o partícipes.

El juez, que instruye la causa que se sigue en el Supremo por diversos delitos en relación con contratos de emergencia suscritos durante la pandemia de la COVID formalizados por la Administración General del Estado y el sector público institucional, ha dictado un auto en el que retoma las diligencias una vez obtenido el suplicatorio del Congreso de los Diputados que suspende la inmunidad de José Luis Ábalos.

Comunicaciones telefónicas de los tres investigados

A parte, el magistrado también ha solicitado “las comunicaciones telefónicas realizadas y demás actuaciones efectuadas hasta el momento de los hechos que conciernen a los tres investigados en esta causa (don José Luis Ábalos Meco, don Koldo García Izaguirre y don Víctor Gonzalo de Aldama Delgado)”.

“Debiendo expresarse, además, la totalidad de los terminales o dispositivos intervenidos a cualquiera de los dos últimos en el curso de las investigaciones ya practicadas, con especial referencia a los mensajes que, en este momento de la investigación, aparezca pudieran haber intercambiado, desde cualquiera de los terminales intervenidos, el Sr. Aldama Delgado con los Sres. don José Luis Ábalos Meco, don Víctor Ábalos, don Ángel Víctor Torres o subordinados de éste, don Santos Cerdán, o con cualquier otra persona aforada ante este Tribunal Supremo.

Asimismo, pide la identificación de las personas que procedieron a contratar laboralmente a Jessica Rodríguez García, primero en INECO y luego en TRAGSATEC. Igualmente interesa de la UCO que de manera periódica se participen al instructor los avances en la investigación que pudieran resultar de los materiales intervenidos hasta este momento en el procedimiento, aún pendientes de ser analizados.

17 testigos

En el auto, el juez cita para el mismo 18 de febrero de nuevo al investigado Koldo García Izaguirre al efecto de que sea requerido para la formación de un cuerpo de escritura (comprensivo de firmas y texto), a los fines de practicar la correspondiente prueba pericial caligráfica con el propósito de establecer la eventual coincidencia entre su letra y la que figura en los documentos aportados por Aldama (relación de obras presupuestadas y “pantallazo” aportado en su declaración conteniendo nota manuscrita sujeta por una mano). A este mismo fin deberá ser designado perito calígrafo que elaborará al respecto el correspondiente informe.

El auto acuerda además requerir a través de su representación procesal a Víctor de Aldama para que aporte, en un plazo de diez días, relación de los pisos que asegura haber facilitado para encuentros en los que, según expresó, participaban el ministro Ángel Víctor Torres y/o don Koldo García Izaguirre y José Luis Ábalos en Madrid, fechas de los contratos y estancias y pago de los mismos. Y para que indique también si hubo algún pago a las “señoritas” a las que se refirió en su declaración y, en su caso, quién lo abonó.

El juez cita además como testigos a 17 personas entre los días 25 de febrero y 5 de marzo, entre ellos los exaltos cargos de Transportes Jesús Manuel Gómez García, Javier Herrero e Isabel Pardo de Vera, el director de Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno Medina, Joseba García Izaguirre (hermano del investigado Koldo), Víctor Ábalos (hijo del investigado José Luis), la empresaria Carmen Pano y su hija, así como Jessica Rodríguez García, y varios empresarios. El auto señala que quienes, de ellos, estuvieren investigados en otras causas por hechos relacionados con la que se instruye en el Supremo, deberán comparecer asistidos de letrado.