
El PSOE continua su ofensiva contra las acusaciones populares de las causas judiciales que afectan al entorno familiar de Pedro Sánchez y su Gobierno. Ahora, el partido lleva al Tribunal Supremo a la asociación Hazte Oír, calificada desde el Ejecutivo como “ultra” y que lidera la acción popular en el caso Begoña Gómez, además de estar personada en el caso Koldo, la causa contra el hermano del Presidente o la trama de hidrocarburos.
El asunto está relacionado con una posible infracción electoral en la la campaña realizada por Hazte Oír, que puso a recorrer las calles de Madrid un camión con imágenes de Begoña Gómez recorriendo las calles de Madrid durante las elecciones europeas. El PSOE denunció dicha acción ante la Junta Electoral Provincial de Madrid y, después, ante la Junta Electoral Central (JEC), que descartaron la infracción electoral. El máximo órgano electoral concluyó que los mensajes del camión no pedían el voto para ninguna candidatura concreta y estaban amparados en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y opinión.
No fue la única denuncia del PSOE contra Hazte Oír. También llevó a la JEC diferentes acciones llevadas a cabo por la asociación ultracatólica, entre ellas la aparición de carteles que incluían descalificaciones contra el presidente del Gobierno como “torpe”, “engreído”, “corrupto” o “felón”, así como publicaciones en redes sociales en las que se demandaba una “España unida para parar el golpe”. Todas estas acciones, según la JEC, no podrían enmarcarse en actos de campaña electoral que pidieran el voto para alguno de los partidos con candidatura.
Al agotar la vía administrativa, el PSOE ha decidido emprender la acción judicial y ha presentado una demanda ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Esta medida se produce en plena ofensiva del PSOE y el Gobierno contra las acusaciones populares, especialmente las personadas en los casos que afectan al Ejecutivo y al entorno familiar de Pedro Sánchez.
Hazte Oír lidera la acción popular en el caso Begoña Gómez. El juez Juan Carlos Peinado le entregó la batuta al ser la acusación que presentó la querella contra la esposa del presidente del Gobierno por la apropiación del software de la Universidad Complutense de Madrid. En la causa también están personados el sindicato Manos Limpias y los partidos políticos Iustitia Europa y Vox, entre otros.
Una “feria de ultras”
Respecto a la proposición de ley que presentó el PSOE el pasado viernes para regular la acusación popular, Bolaños ha considerado necesario regular esa figura, porque en este momento “una feria de ultras con ganas de publicitarse”, y ponerla en línea con lo que sucede en el resto de países de Europa.
Los socialistas plantean poner coto a la figura de acusación popular, prohibiendo su ejercicio a partidos políticos y asociaciones vinculadas con ellos. Además, la pretenden circunscribir a los delitos que afecten exclusivamente “a los intereses generales”, entre los que se incluyen delitos contra el mercado y los consumidores, financiación ilegal de los partidos, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, rebelión, protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, enaltecimiento del terrorismo o delitos de lesa humanidad.
Además, la proposición de ley propone limitar a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de querella. Las acusaciones populares deberían “acreditar ante el juez” suficientes vínculos con el caso para justificar su intervención.
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