Un banco, condenado a pagar 30.000 euros a una clienta porque las firmas de una póliza son falsas: un examen de caligrafía confirmó que ella no firmó

El pasado 23 de noviembre, el tribunal de la ciudad italiana de Macerata emitió una sentencia que condena al Banco de Crédito Cooperativo de Recanati y Colmurano (BCC) a devolver 30.000 euros a una mujer de la localidad de Montelupone, tras comprobar la falsedad de las firmas en documentos bancarios utilizados para justificar operaciones que nunca fueron autorizadas por ella. Además de la restitución de la suma, el banco deberá asumir los costes judiciales del proceso y ha sido denunciado ante la fiscalía por la posible falsificación de testimonios por parte de un empleado de la entidad.

El caso se remonta a 2014, cuando la víctima, cuyo nombre no ha trascendido, usó un certificado de depósito de 50.000 euros como garantía para un préstamo que el banco le concedió a su empresa. Es decir, para obtener el préstamo, la mujer ofreció ese depósito como aval (si la empresa no cumplía con el préstamo, el banco podía quedarse con ese dinero para cubrir la deuda)

Sin embargo, la controversia comenzó a desarrollarse cuando el certificado expiró en 2017, lo que provocó la reinversión de parte de los fondos (20.000 euros) en un nuevo producto bancario, mientras que el resto fue utilizado para la contratación de una póliza de seguro con Eurovita (los 30.000 euros restantes). El problema surgió cuando la mujer, asistida por su abogado descubrió que no había dado su consentimiento para estas operaciones, lo que la llevó a impugnar las transacciones ante el banco.

Concretamente, la clienta denunció la falsificación de las firmas en los documentos bancarios correspondientes al nuevo producto bancario de 2018 y al contrato de suscripción de Eurovita, alegando que nunca había autorizado la utilización de los 30.000 euros de su depósito para contratar la póliza de seguro, según explica el medio italiano Il Resto del Carlino.

Además de la denuncia por falsificación, la mujer también impugnó el hecho de que no se le hubiera reembolsado el capital al vencimiento del certificado, lo que llevó a iniciar un proceso de mediación con el banco, que finalmente fracasó ante la negativa de la institución a resolver el asunto.

El tribunal solicitó un informe grafológico

Durante el juicio, el tribunal solicitó un informe técnico grafológico para verificar la autenticidad de las firmas en los documentos en cuestión. El perito designado concluyó que las firmas no coincidían con la caligrafía de la mujer, lo que desacreditó las afirmaciones del empleado del BCC que había declarado que los documentos se firmaron en su presencia. Esta evidencia fue crucial para desmontar la versión del banco, que había intentado justificar la discrepancia alegando que las firmas habían sido añadidas posteriormente para corregir errores tipográficos en los documentos.

En su sentencia, la jueza destacó la falta de transparencia en la gestión documental del banco, lo que dio lugar a una serie de irregularidades en el proceso. El tribunal dictaminó que la suscripción de la póliza de seguro Eurovita, que implicaba una suma de 30.000 euros, no tenía justificación y se consideró indebida, ya que nunca había sido autorizada por la clienta. Por otro lado, se confirmó que la reinversión de los 20.000 euros en un nuevo depósito era válido, ya que estaba previsto en el contrato original de la garantía del depósito, que permitía la sustitución sin necesidad de autorización adicional.

La reputación del banco, en juego

Finalmente, el Banco de Crédito Cooperativo de Recanati y Colmurano fue condenado a devolver los 30.000 euros a la clienta, junto con los intereses legales correspondientes. Además, la entidad deberá cubrir los costes judiciales, que ascienden a 5.518 euros. Este veredicto no solo afecta económicamente al banco, sino que también podría tener repercusiones legales más graves, ya que el tribunal remitió los documentos a la fiscalía para investigar posibles responsabilidades penales de un empleado del banco que estuvo involucrado en la falsificación de los documentos.

El banco, que ha admitido la discrepancia entre el original y la copia de los documentos, tiene la opción de apelar la sentencia. Sin embargo, la condena ha puesto en evidencia una grave falta de control interno en el proceso bancario y una posible vulneración de la confianza del cliente por parte de la entidad. Si el banco decide apelar, el caso podría prolongarse y tener un impacto aún mayor en la reputación del BCC.