Cómo echar de casa a un hijo maltratador

En numerosos hogares, la violencia entre padres e hijos emerge como una problemática que enfrenta a los familiares con una difícil decisión: ¿cómo manejar el comportamiento agresivo de un hijo? Esta forma de ensañamiento, que incluye insultos, amenazas, agresiones físicas y hasta robos a padres, hermanos y otros familiares cercanos, desafía el bienestar familiar y se clasifica como violencia doméstica filio-parental. En España, este fenómeno ha presentado un preocupante incremento de denuncias en la última década, según la Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filio-Parental (SEVIFIP), que reporta un aumento del 400% entre 2012 y 2022.

Las manifestaciones de esta violencia pueden ser físicas, psicológicas y económicas. El maltrato físico puede incluir golpes, empujones y destrucción de bienes familiares. El psicológico se manifiesta mediante la manipulación emocional y el uso de amenazas verbales y gestos intimidantes. Por último, el maltrato económico se refleja en el robo de dinero o pertenencias familiares y en la creación de deudas a cargo de los progenitores.

El origen de estas conductas a menudo se encuentra en la dinámica familiar. Factores como crecer en un entorno disfuncional, la vivencia de maltratos infantiles, la exposición a violencia de género y un estilo de crianza sobreprotector o permisivo, pueden influir en el desarrollo de estos comportamientos en los jóvenes. A esto se suman posibles trastornos psiquiátricos y adicciones a drogas o alcohol.

Frente a esta situación, los padres se enfrentan a la difícil decisión de denunciar. Antes de proceder, se recomienda intentar el diálogo y la búsqueda de ayuda profesional o institucional. En el País Vasco, instituciones como Euskarri Asociación-Centro de Intervención en Violencia Filioparental y la Fundación Amigó pueden ofrecer orientación y apoyo.

Si estas tentativas fracasan y la seguridad familiar se ve comprometida, la denuncia se convierte en una clave alternativa. Al acudir a las autoridades, los padres buscan asegurar su integridad y la del resto del núcleo familiar. Según la legislación española, los menores de 14 años no son penalmente responsables, pero pueden ser remitidos a servicios de protección. Aquellos entre 14 y 18 años son imputables bajo la Ley Orgánica 5/2000, que regula su responsabilidad penal.

Las medidas legales que los jueces de menores pueden imponer incluyen internamiento en diferentes regímenes, desde cerrado a medidas, donde los jóvenes reciben educación y formación específica. Otras abarcan el tratamiento ambulatorio o la asistencia a un centro de día. En casos más leves, podrían aplicarse medidas como la libertad vigilada, prohibiciones de comunicación con la víctima y la realización de tareas socioeducativas.

Entender las implicaciones de estas acciones es crucial. Las medidas legales buscan no solo castigar, sino también rehabilitar al menor, proporcionando un entorno en el que puedan superar sus problemas y reintegrarse positivamente medidas en la sociedad. Sin embargo, tomar la decisión de denunciar a un hijo no es fácil. Organizaciones como Derecho de Familia Vitoria brindan asesoría legal a los padres que se enfrentan a este difícil proceso, ofreciéndoles apoyo durante todo el proceso judicial.

Para quienes se encuentran en esta encrucijada, es importante recordar que la violencia filio-parental no solo destruye la paz familiar, sino también el futuro del menor, que podría escaparse entre malas decisiones y la falta de límites. La denuncia, aunque dura, puede ser el primer paso hacia un cambio positivo y necesario para todas las partes involucradas.