España subirá las pensiones de jubilación en 2025 con un aumento promedio de 600 euros anuales. Este ajuste se debe a una revalorización del 2,8%, basada en el Índice de Precios al Consumo (IPC) interanual promedio de los últimos 12 meses, según la última cifra presentada este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El incremento beneficiará a aproximadamente 9,3 millones de personas que reciben 10,3 millones de pensiones contributivas, así como a las 720.148 pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado. Así, un pensionista que perciba una pensión de 1.441 al mes (coincidente con la pensión media de 2024 de jubilación) pasará a recibir en 2025 una pensión de 1.481,35 euros mensuales, lo que supone un incremento anual de 564,87 euros.
El porcentaje del 2,8% aplica a todas las pensiones contributivas, que son las prestaciones económicas cuya concesión está supeditada, por lo general, “a que el beneficiario haya tenido una relación jurídica previa con la Seguridad Social y cumpla una serie de requisitos en función del tipo de pensión”, según explica la propia administración pública. Es decir, las pensiones contributivas se entregan a las personas que hayan cotizado a la Seguridad Social un determinado número de tiempo.
El Régimen General y los Regímenes Especiales contemplan tres clases amplias de pensiones contributivas: de jubilación, por incapacidad permanente y de viudedad.
El primer caso es la prestación económica vitalicia que se concede al trabajador cuando, a causa de la edad, cesa en el trabajo por cuenta ajena o propia. El solicitante tiene que cumplir unos requisitos de edad y de cotización que varían en función del tipo de jubilación demandada, que puede ser: jubilación ordinaria —con un mínimo de 15 años cotizados—, jubilación anticipada —los supuestos que permiten al trabajador retirarse antes de cumplir la edad legal—, jubilación parcial —cuando se compatibiliza con un empleo a tiempo parcial—, y jubilación flexible —para los pensionistas que quieren volver al mercado laboral—.
En cuanto a la pensión por incapacidad permanente, en su modalidad contributiva, trata de cubrir la pérdida de rentas salariales o profesionales que sufre una persona cuando está afectada por un proceso patológico o traumático y ve reducida o anulada su capacidad laboral. Puede ser parcial, total, absoluta o de gran invalidez.
Por último, las pensiones contributivas por fallecimiento se entregan para compensar la situación de necesidad económica que produce, para determinadas personas, la muerte de otras. Se clasifican en: viudedad, orfandad y en favor de familiares.
La gestión y el reconocimiento del derecho a una pensión contributiva corresponde, con carácter general, al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Y todos estos casos recibirán el aumento del 2.8%.
Las pensiones que no subirán un 2.8%
Sin embargo, además de las pensiones contributivas, existen las no contributivas y las complementarias. Las primeras se otorgan a personas que no han cotizado lo suficiente para acceder a una pensión contributiva, pero que, debido a su edad avanzada o a una situación de discapacidad severa, se encuentran en una situación de vulnerabilidad económica. Y las segundas son las prestaciones adicionales que se conceden a ciertos colectivos como parte de acuerdos laborales o a través de planes de pensiones privados.
El 2,8 % es la subida que se aplicará de forma general a las pensiones contributivas, mientras que las mínimas y no contributivas se tendrán que incrementar por encima de esa cifra, tal y como se recogió en el último bloque de la reforma de las pensiones.
Así, una vez revalorizadas de acuerdo con el IPC con ese 2,8%, las pensiones no contributivas se incrementarán adicionalmente para reducir en un 20% la brecha existente, hasta alcanzar el 75% del umbral de riesgo de pobreza, calculado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE) para un hogar unipersonal. El Gobierno ha prometido converger en 2027 las pensiones no contributivas con ese 75% del umbral, que supondrían casi 8.300 euros anuales o 592 euros mensuales.
Finalmente, las pensiones complementarias dependen de los acuerdos privados concretos que se hayan firmado. Para el año que viene, las vinculadas a las Cajas de Ahorro y las derivadas de mutuas laborales también verán un ajuste basado en el IPC interanual, pero con ciertos matices en cuanto a la fórmula y los requisitos de cada tipo de pensión.
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