Una mujer ciega y con sordera se queda sin pensión por ir a la evaluación necesaria para pedirla: “Ya no puedo vivir así”

Asegura que desde la administración le dijeron que, si había sido capaz de acudir a este encuentro, también era capaz de trabajar

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Vista de una página en Braille. (EFE/Fernando Alvarado/Archivo)
Vista de una página en Braille. (EFE/Fernando Alvarado/Archivo)

Se desconoce como discapacidad múltiple severa a la condición de una persona que tiene dos o más discapacidades de carácter grave, ya sean intelectuales, físicas o de carácter sensorial. Este último es el caso de Charlotte Easton, una mujer ciega y con una notable falta de capacidad auditiva, que además padece el llamado síndrome de Pfeiffer, una enfermedad genética que puede producir anomalías en el cráneo, la fusión de los dedos, retrato psicomotor, protrusión del ojo hacia delante e hidrocefalia.

Tal y como cuenta el periódico británico The Guardian, Easton decidió solicitar al Departamento de Trabajo y Pensiones una Ayuda por Empleo y Asistencia (ESA), una pensión que se da a las personas con discapacidad para que puedan afrontar todos los gastos de su condición y tener una vida digna pese a no estar capacitados para trabajar. El caso de esta mujer parece claro, dado que no puede salir de casa sin ayuda de otra persona.

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Le pidieron que acudiera y por poder hacerlo le dijeron que se quedaba sin ayuda

Aún así, tuvo que asistir a Archway, un lugar ubicado al norte de Londres, para asistir a una entrevista en la que la evaluarían para decidir si recibía la ayuda. “Me preguntaron cómo había llegado hasta allí”, cuenta ella al medio británico. “Mi madre me dijo que habíamos ido en tren y que ella había tenido que guiarme y asegurarse de que la gente no chocara conmigo y todo ese tipo de cosas”. Para el Departamento de Trabajo, esto, y el hecho de tener perros era una prueba suficiente de que “era más que capaz de trabajar”.

De este modo, decidieron denegarle la ayuda, si bien se le admitió recibir otro Pago por Independencia Personal. Una cuantía más modesta que, además, le fue comunicada por una carta por escrito que Easton no podía leer, pese a que su madre ya había advertido de su condición y de la necesidad de que le enviaran cartas en braille o por correo electrónico. “Mi madre intentó apelar contra la negación de la ESA, pero no funcionó. Le dije que no puedo seguir viviendo así: por mucho que la vida sea más fácil con dinero, será más fácil sin el estrés de intentar luchar por tenerlo”.

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Un problema a nivel estatal

El caso de Easton no es único en Reino Unido, sino el reflejo de las graves carencias que tienen las ayudas a las personas con discapacidad en territorio británico. Una organización benéfica centrada en este asunto, Sense, realizó un estudio en el que se concluyó que más de la mitad de los solicitantes con discapacidad no recibían una cantidad económica suficiente del Estado como para afrontar los costes adicionales que les supone su condición.

Yendo más allá, también un 51% de los encuestados por Sense aseguraron haberse sentido humillados al pasar por el proceso de obtención de la prestación, e incluso un 45% aseguró que esto había agravado los síntomas de su enfermedad. Cuatro de cada diez personas, aseguró que la forma de recibir las notificaciones del Departamento de Trabajo y Pensiones no se había ajustado a sus necesidades especiales.

Muy sonado es el caso de Errol Graham, un hombre con una enfermedad mental grave que acabó muriendo de hambre en 2018, ocho meses después de que le cortaran las prestaciones que recibía por su discapacidad. Más recientemente, la nueva secretaria del Departamento sacó a la luz 31 informes que, según ella, habían suprimido sus antecesores -del Partido Conservador- en el cargo, donde se evidenciaba que dos tercios de los solicitantes de ayudas tenían problemas para comprar alimentos.

Ayudas económicas por tener un menor a cargo con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
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