
¿Legalizar o deportar? ¿El ‘modelo Pedro Sánchez’ o el ‘modelo Giorgia Meloni’? Estas han sido las dos ideas que se han discutido en el debate sobre migración que ha tenido lugar este miércoles en el Parlamento Europeo. La cuestión migratoria, que marcará la agenda en esta legislatura, vuelve a tratarse días después de que una sentencia de un tribunal en Roma, respaldada por otra del Tribunal de Justicia Europeo, tumbase los centros de deportación externos en Albania, lo que obligó a devolver a Italia a los migrantes.
A pesar de ello, el Partido Popular Europeo, fuerza mayoritaria en la Eurocámara y donde se incluye la delegación española de Dolors Montserrat, no ha dudado en inclinarse a favor de la solución más radical que plantean los Conservadores y Reformistas Europeos y los Patriotas por Europa —el grupo de Vox—: externalizar la política migratoria y delegar la responsabilidad a terceros países.
“No deben ser los criminales quienes tienen que tomar las decisiones en Europa. En el PP tenemos claro que necesitamos hacer más. Queremos una implementación rápida del pacto migratorio [...] presentaremos una nueva propuesta de retorno en los primeros cien días de la Comisión”, ha adelantado el eurodiputado popular sueco, Tomas Tobé.
Añade que entre las medidas que contemplan, presentará un modelo de centros de retornos fuera de la UE similar al de Albania e Italia. “Necesitamos acabar con esa instrumentalización de la migración como hacen Rusia y Bielorrusia”. “No queremos repartir los inmigrantes irregulares. Queremos que no entren”, ha afirmado otro eurodiputado del PPE.
Dolors Montserrat culpa a Sánchez del ‘efecto llamada’
En su turno, Dolors Montserrat, al igual que ha hecho hasta ahora Alberto Nuñez Feijóo, no se ha pronunciado en el debate sobre los campos de retorno de Meloni. La eurodiputada popular ha hablado de la situación en Canarias, Ceuta y Melilla, donde ha criticado que el Gobierno de España “no protege” las fronteras y “elude la cooperación internacional”. “La política migratoria más inhumana es la que no existe”, ha seguido. La eurodiputada catalana ha culpado al presidente español de la gestión del aumento de llegadas de migrantes a las costas canarias: “El verdadero efecto llamada se llama Pedro Sánchez”, ha sentenciado.
El cordón sanitario se rompe, el apoyo a la futura comisión peligra
La Operación Albania divide a la gran coalición europea y sobre todo, enfada a los socialistas, la segunda fuerza en la Eurocámara. La presidenta de los Socialistas Europeos en el PE, Iratxe García, ha criticado que el PP “se arrodille ante la extrema derecha” a la hora de apoyar estas medidas. Defiende que la única manera es la implementación inmediata del pacto migratorio y de asilo, así como llegar a acuerdos de regularización con los países de origen, una posición que ha estado liderada por el gobierno español.
“Tras diez años de desacuerdos, bloqueos y obstáculos, logramos alcanzar un acuerdo para dar una solución al problema migratorio. Diez años después, los socialistas no permitirán que la carta de la señora Von der Leyen entierre el pacto migratorio”, afirma la eurodiputada socialista. García subraya que estas deportaciones indiscriminadas “representan la más indigna abdicación de los valores del proyecto europeo” y ha recordado la sentencia del tribunal romano y europeo. Finalmente, ha instado a la presidenta del Ejecutivo europeo a “abandonar su propuesta ilegal”.
Precisamente un día antes de estas declaraciones, la eurodiputada española dejó en el aire el apoyo de su formación a la futura comisión, en caso de llevarse a cabo los centros de deportación, marcado como una línea roja. “Eso es algo que tendremos que debatir”, afirmó.
A los socialistas se les unen los liberales y los verdes, estos últimos incorporados a la coalición para impedir una mayoría del PPE con los Conservadores y Reformistas y los Patriotas por Europa. “No se respetan nuestros valores y es un sistema que no funciona”, ha criticado la presidenta de la familia política de los liberales, Valérie Hayer. “El anuncio de Von der Leyen permite que los estados pasen su responsabilidad a otros lugares. En estos centros, las personas pasarían a estar en un limbo”, han criticado los ecologistas.
Al margen de las divisiones que manifiesta el órgano legislativo de la UE, la problemática radica en que la gestión de la política migratoria recae principalmente en los Veintisiete, un asunto que quedó muy bien reflejado en el Consejo Europeo del pasado 17 y 18 de octubre. Países como Hungría, Italia, Austria y Países Bajos han defendido los centros de retorno externos como solución, mientras que España y recientemente Bélgica se han posicionado radicalmente en contra.
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