El aborto sigue siendo un derecho a medias en España. A pesar de que la ley establece la obligación de las administraciones públicas sanitarias de garantizar la prestación en los centros hospitalarios, de acuerdo con criterios de gratuidad, accesibilidad y proximidad, son muchas las mujeres que siguen teniendo obstáculos a la hora de interrumpir voluntariamente su embarazo. Varias provincias no realizan abortos y en algunas regiones solo lo hacen en centros privados, mientras que otras aún no tienen el registro de médicos objetores de conciencia que exige la ley.
En el caso de la Comunidad de Madrid, tal y como denuncia CCOO, de los 20.574 abortos notificados en 2023, solo 56 se realizaron en un hospital de la red del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), mientras que los 20.518 restantes se hicieron en clínicas privadas autorizadas, lo que supone un 0,27% del total (en 2022 fue un 0,30%). Además, el sindicato señala que en la región “solo siete de los hospitales que conforman la Red del Servicio Madrileño de Salud practicaron estas intervenciones”.
Desde Más Madrid también critican que “el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en un hospital público de la región es prácticamente imposible”, ya sea por los tiempos de espera y la falta de agendas especializadas que permiten esta prestación en los plazos correspondientes o “por las objeciones en bloque realizadas por los servicios, ignorando que la objeción de conciencia siempre es una decisión individual, y no de las instituciones”. Tal es el caso, explica la formación que lidera Manuela Bergerot, de los profesionales de la sanidad pública dispuestos a practicar abortos que “ven cómo sus jefes de servicio se lo impiden, con el amparo de la Consejería de Sanidad”.
Continúa el acoso en las clínicas privadas
En las clínicas privadas la situación también “es grave”, añade el partido, ya que las mujeres no sólo tienen que pagar por un servicio básico, sino que además se ven “sometidas a un acoso y hostigamiento que, pese a haber sido tipificado como delito, sigue siendo el orden del día frente a estos lugares, ante la pasividad de las autoridades”.
Por ello, Más Madrid ha presentado una proposición no de ley en la Asamblea regional para que se garantice que la prestación de la interrupción voluntaria del embarazo, ya sea farmacológica o instrumental, “sea realizada en los centros sanitarios públicos”, y reclaman la creación de un registro de objetores de conciencia, tal y como establece la legislación actual vigente.
En la iniciativa también destacan la necesidad de que se compruebe, a través de inspecciones sanitarias, que las clínicas acreditadas para realizar la interrupción voluntaria del embarazo hayan eliminado el periodo de los tres días de reflexión, así como la importancia de promover el uso del aborto farmacológico en las semanas de gestación en las que está indicado, “garantizando un acompañamiento y seguimiento de calidad durante el proceso”.
Asimismo, Más Madrid también exige una “mejora calidad de la información que se brinda a las mujeres” que desean interrumpir su embarazo o tienen que someterse a un aborto terapéutico, para así “preservar su indemnidad, dignidad y libertad durante el proceso”.
Otra de las razones por las que el partido presenta esta proposición no de ley es la “importante inequidad en relación con el procedimiento” empleado en los abortos que han observado, en particular en los embarazos tempranos, que son la mayoría de los efectuados, tanto en España, como en esta comunidad autónoma: en 2022 en la Comunidad de Madrid el porcentaje de IVE precoz (inferior a las 9 semanas) ha sido del 71%, mayor aún que el de 2021 (70,6%).
El 95% se realiza con procedimientos quirúrgicos
Aunque los abortos precoces se pueden realizar mediante el método farmacológico “de forma segura y eficaz como avala la evidencia científica”, el 95% de los abortos de la Comunidad de Madrid siguen realizándose con procedimientos instrumentales o quirúrgicos, siendo los farmacológicos solo 826 de un total de 16.592, aseguran desde Más Madrid.
Diversos estudios, añade la formación, han constatado que en las comunidades autónomas en las que el sector público se implica en la atención a la IVE, “el porcentaje de abortos farmacológicos aumenta, mientras que, por el contrario, donde la mayoría de abortos se realizan en el sector privado-concertado, predomina el método instrumental”. Es decir, el hecho de que a día de hoy se practiquen abortos con métodos instrumentales “no obedece a ningún criterio técnico ni centrado en las necesidades de salud de las mujeres, sino a criterios organizacionales del circuito privado-concertado”, concluyen.
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