El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al Estado a indemnizar con más de 5 millones de euros a la comunidad de vecinos del edificio San Telmo (Gran Canaria) al negarse a demoler la Biblioteca Pública del Estado en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria. Los propietarios protestaron porque esta construcción les tapaba las vistas al mar y sus viviendas habían quedado relegadas a “segunda línea” del frente marítimo, con una correspondiente depreciación de los inmuebles.
La Biblioteca Pública del Estado en Las Palmas fue creada en 1967 por Orden Ministerial, pero su ubicación se trasladó a finales de los años 90 e inicios de los 2000. Los vecinos exigieron su demolición ante la justicia en el año 2002. Tras un largo proceso, los tribunales fallaron a su favor. Tanto el TSJC como el Tribunal Supremo declararon nula la licencia de la biblioteca, pues vulneraba el Plan General de Ordenación Urbana de Las Palmas de Gran Canaria. Según explican los magistrados, la construcción se realizó “sin haberse redactado el Plan Especial exigible” y cambiando aspectos del proyecto autorizado “sin modificación de la Ordenanza”.
“El proyecto redactado para la Biblioteca pública no se ajustaba a los límites señalados en el Plan General, en cuanto a las formas y dimensiones establecidas”, aclara la sentencia, que añade que “se vulneraba la zonificación en cuanto a zona verde con privación de 817 metros cuadrados” de la zona destinada a Espacio Libre. Además, el edificio había terminado por construirse “en un emplazamiento totalmente distinto” al previsto en el proyecto aprobado.
El Estado se negó a acatar la sentencia
El proceso judicial dictaminó la demolición en 2014, pero el Estado “expropió a los vecinos los derechos de ejecución de la sentencia” por razones de utilidad pública e interés social. En el año 2016, se argumentó que “la titularidad pública del solar y de la construcción, a su calificación legal como bien de interés cultural y a su afectación a la preservación de la igualdad de todos los ciudadanos en las condiciones de acceso a la cultura y al derecho a la educación” justificaban esta expropiación forzosa. En junio de 2023, el TSJC planteó la inconstitucionalidad de la decisión, pero fue desestimado por el Constitucional.
“Tras un largo y penoso periplo” que ha culminado en “expropiar el derecho a ejecutar la sentencia”, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha fijado una indemnización a favor de los vecinos por “la importante depreciación” del edificio San Telmo. Desde la Abogacía del Estado se propuso la cifra de 895.222.93 euros más los intereses legales, pero la suma ha terminado por ser mucho mayor.
“El informe de la parte ejecutante acredita las distintas afecciones que ha sufrido el edificio San Telmo a consecuencia de esa ilegal construcción”, expone el auto, “debiendo valorarse que los peritos realizaron una visita in situ inspeccionando los distintos pisos, locales y oficinas y, por tanto, pudieron recabar datos más precisos que el informe aportado por la Administración, que ni siquiera se ha desplazado físicamente al lugar al objeto de comprobar si son o no correctas esas apreciaciones”.
Por ello, el TSJC ha fijado en 5.343.590,57 euros la cuantía a pagar a los vecinos del edificio San Telmo.
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