El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, se ha querellado contra el juez que le investiga por la trama rusa del procés, conocida como caso Volhov. El líder de Junts acusa al juez Joaquín Aguirre de los delitos de malversación y prevaricación tras conocerse unos audios en los que realizaba valoraciones en contra de la aprobación de la ley de amnistía mientras se encontraba en fase de negociación.
La querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, a la que ha tenido acceso Infobae España, también figura a nombre de Josep Lluís Alay, asesor y mano derecha de Puigdemont, y el abogado del expresident, Gonzalo Boye. Los querellantes critican la “caprichosa voluntad de salvar un procedimiento que estaba condenado al sobreseimiento libre” por parte del magistrado, lo que a su juicio evidencia un “ánimo de prevaricar”. Mientras se tramita la querella, piden que se le aparte de la causa.
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El juez Aguirre, titular del Juzgado número 1 de Barcelona, abrió recientemente una pieza separada para investigar a Puigdemont, Alay, Boye y otros por un presunto delito de traición por los supuestos vínculos y financiación del procés con Rusia. Lo hizo después de que la Audiencia Provincial de Barcelona le obligase a archivar las diligencias practicadas desde el mes de agosto del pasado año.
Los querellantes también afean el “interés personal” del magistrado, de quien este lunes se conocieron unos audios publicados por el medio digital Diario RED en los que realizaba valoraciones políticas sobre la amnistía y la causa que instruye. En uno de esos audios, el juez Aguirre decía que “al Gobierno le quedan dos telediarios alemanes” en referencia a una entrevista que concedió a la televisión pública alemana y en la que valoraba las conexiones del procés con Rusia en plena investigación.
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En otro de los archivos, el instructor hablaba del transcurso de las negociaciones entre Junts y el PSOE para la elaboración de la ley de amnistía: “Me han dicho que ayer lo de la amnistía se tumbó por mí”. Las palabras del magistrado se refieren a la posible imputación de Puigdemont por un delito de traición, lo que le dejaría fuera de la medida de gracia.
“Ánimo de prevaricar”
Puigdemont sostiene en la querella que el juez ha empleado un mecanismo “ilegal” para abrir la nueva pieza separada, “burlando” a su juicio la resolución de la Audiencia de Barcelona, “con el ánimo de prevaricar, de torcer el derecho” y para satisfacer “su caprichosa voluntad de salvar un procedimiento que estaba condenado al sobreseimiento libre”.
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Su decisión supone, según los querellantes, un “sinfín de gastos ilícitos para las arcas públicas”, además de un “bochorno para el conjunto de la administración de justicia, que ha de ser la primera interesada en que este tipo de comportamientos no tenga lugar ni sirvan de efecto llamada para nadie”.
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