¿Terrorismo murciano? El ‘Grupo de Acción Ciudadana’ ponía en la diana a políticos y empresarios y fabricaba “potentes” explosivos

La Policía Nacional analiza la documentación y los dispositivos intervenidos a su cabecilla para determinar si había planes de utilizar esos artefactos con metralla

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Detrás del autodenominado Grupo de Acción Ciudadana había mucho más que una plataforma “regionalista” en contra de la corrupción política. Mientras difundía proclamas antisistema del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y organizaba pequeñas concentraciones contra la subida del precio de la luz, esta organización fabricaba “potentes explosivos” y colocaba en la diana y extorsionaba a políticos y empresarios, especialmente a los vinculados con el Gobierno regional del PP y Fernando López Miras.

Fuentes de la investigación explican a Infobae España que los agentes analizan ahora los dispositivos informáticos y la documentación intervenida a los cuatro detenidos en la operación Makila para determinar si tenían planeada algún tipo de acción violenta. En el registro en la vivienda del cabecilla de la organización, los policías encontraron varios explosivos de fabricación casera, uno de ellos ya preparado en el interior de una mochila. Habían manipulado artefactos pirotécnicos y le habían añadido tornillería en forma de metralla para aumentar su potencial alcance.

Los investigadores constataron que al menos el líder de la organización se había instruido en la fabricación de este tipo de explosivos y había llegado a realizar pruebas en las que calculaba, entre otros aspectos, el retardo de las detonaciones. La mochila en la que ocultaba uno de los artefactos tenía un pequeño agujero para acceder al dispositivo de detonación sin necesidad de abrir el paquete.

Los arrestados por la Brigada Provincial de Información de Murcia y la Comisaría General de Información de la Policía Nacional son naturales de la provincia de Murcia, con edades comprendidas entre los 45 y 60 años y no tienen antecedentes policiales. Las fuentes de la investigación los definen como “radicales antisistema” vinculados al anarquismo y la extrema izquierda. El cabecilla tenía un manual de los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC), responsables del atentado cometido el 2 de octubre de 2013 en la Basílica del Pilar de Zaragoza.

La Policía desmantela el 'Grupo de Acción Ciudadana', que extorsionaba a empresarios murcianos cercanos a López Miras

Objetivos con nombres y apellidos

La actividad del Grupo de Acción Ciudadana comenzó entre 2019 y 2020, cuando protagonizó alguna pequeña concentración contra la subida del precio de la luz. También abrieron la web de la Plataforma de Resistencia Ciudadana, donde difundían sus mensajes y empezaban a señalar a sus primeros “enemigos”. Uno de ellos es el ex consejero de Agricultura y Agua de la Región de Murcia Antonio Cerdá, procesado por los vertidos contaminantes al Mar Menor. A este político del PP murciano le colocaron una diana en una imagen publicada en la citada web.

El Grupo de Acción Ciudadana marcaba como objetivos a las “personas físicas que actúen en beneficio propio aprovechando los bienes o fondos que pertenecen al pueblo”, así como a “todas aquellas personas que, aprovechando su condición de personas ligadas al Gobierno regional o municipal, ya sea por cargos o por intermediación en operaciones de contratación con las instituciones, se lucren ostentosamente”.

Así, la web de la plataforma señaló, con nombres y apellidos, a alcaldes y empresarios, además de a empresas adjudicatarias de contratos públicos del Gobierno regional y a los ayuntamientos de varios municipios. “A todo aquel que, a su juicio, se había lucrado amoralmente de la Administración”, detallan las fuentes consultadas.

Los investigadores, que llevaban años “monitorizando” los avances de la organización, dieron paso a la acción cuando el pasado mes de abril extorsionaron a uno de estos empresarios. Le enviaron fotografías de sus familiares tomadas durante un año y un cartucho de munición del calibre 9 milímetros Parabellum. Bajo amenaza, le exigían 100.000 euros, y el equipo de negociadores de la Policía tuvo que tomar acción. El cabecilla ya está en prisión y sus acólitos han quedado en libertad provisional.

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