Fotografías de familiares tomadas durante un año y un cartucho de munición del calibre 9mm Parabellum. Esa fue la amenaza que recibió un empresario murciano que puso a la Policía Nacional tras la pista del autodenominado Grupo de Acción Ciudadana, una organización radical antisistema que extorsionaba a directivos y socios de empresas vinculadas al gobierno regional de Murcia, presidido por Fernando López Miras.
La operación Makila de los investigadores de la Comisaría General y la Brigada Provincial de Información se ha saldado con la detención de cuatro personas acusadas de los delitos de pertenencia a grupo criminal, extorsiones y tenencia ilícita de explosivos. En los dos registros policiales los agentes les intervinieron armas de fuego y artefactos explosivos caseros, según informa la Policía Nacional.
El Grupo de Acción Ciudadana se constituyó en 2020 como una “organización civil, armada e independiente, actuando al margen de una justicia, inactiva, inexistente y arrodillada a intereses partidistas o personales, lo hacemos no reconociendo a ninguno de sus tribunales”.
Marcaron como objetivos a “personas físicas que actúen en beneficio propio aprovechando los bienes o fondos que pertenecen al pueblo”, “todas aquellas personas que, aprovechando su condición de personas ligadas al gobierno regional o municipal, ya sea por cargos o por intermediación en operaciones de contratación con las instituciones, se lucren ostentosamente”.
Al inicio de su actividad, el líder del grupo radical creó también una plataforma en Internet denominada Plataforma Ciudadana de Resistencia, desde donde difundía su ideología, captaba adeptos y solicitaba donaciones con las que sufragar la “lucha”. En ella se pueden encontrar videos en los que señalan objetivos de la organización, entre los que se encontraban “la eliminación de los partidos políticos nacionales” y “la intervención de las Administraciones públicas”.
Entre esos videos, los investigadores detectaron uno en el que figuraba el líder de la organización con un pasamontañas y la voz distorsionada, una puesta en escena “que evoca a las difusiones realizadas por grupos armados de carácter terrorista”, destaca la Policía Nacional.
Amenazas a la familia de un empresario
La primera amenaza de la que tuvieron conocimiento los agentes la sufrió un empresario murciano al que exigieron el pago de 100.000 euros a cambio de no tomar represalias contra él y su familia. La comunicación iba acompañada de varias fotos de sus familiares tomadas durante un año, así como un cartucho de munición del calibre 9mm Parabellum.
Pasadas unas semanas de esta amenaza, los investigados se pusieron en contacto con la familia del empresario haciéndose pasar por supuestos negociadores de la organización armada. Agentes del equipo de negociadores de la Comisaría General de Información asesoraron a las víctimas durante toda la investigación, marcando la estrategia de negociación desde el primer momento.
Tras practicar dos registros la mañana del pasado lunes, los investigadores han podido constatar cómo este grupo había realizado seguimientos a otras familias y elegido a sus objetivos en base a que sus empresas o negocios hubiesen obtenido licitaciones a través de la Administración pública regional.
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