Qué es la ley Zerolo, recusada por Vox y avalada por el Constitucional

El Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado íntegramente este miércoles por mayoría la ley para la igualdad de trato y no discriminación, conocida como ley Zerolo y aprobada el pasado julio de 2022. Vox presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la norma, pero la corte de garantías ha rechazado el recurso con los siete votos del bloque progresista frente a los cuatro en contra del bloque conservador.

El objetivo de la ley Zerolo es garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, así como el respeto a la dignidad igualitaria de las personas, recogido a su vez en los artículos 9.2, 10 y 14 de la Constitución.

Concretamente, esta ley define los distintos tipos de discriminación existentes y establece un régimen sancionador para todos ellos, así como la creación de una autoridad independiente, nombrada por el Gobierno, que se encargará de garantizar la aplicación de la normativa, recibir quejas y reclamaciones de víctimas e impulsar la imposición de sanciones.

La ley podría aplicarse en situaciones de discriminación en el empleo, el trabajo, la educación, la sanidad, servicios sociales, el acceso a bienes y servicios -incluida la vivienda-, la participación social o política, la publicidad y medios de comunicación, las redes sociales, las actividades deportivas y la inteligencia artificial, entre otros.

El TC rechaza los argumentos de Vox para tumbar la norma

El artículo 4 del capítulo primero de la norma cita “en las políticas contra la discriminación se tendrá en cuenta la perspectiva de género y se prestará especial atención a su impacto en las mujeres y las niñas como obstáculo al acceso a derechos como la educación, el empleo, la salud, el acceso a la justicia y el derecho a una vida libre de violencias, entre otros”.

En este sentido, la formación de ultraderecha sostuvo que la obligación que establece la ley de distinguir la perspectiva de género se trata de un “planteamiento puramente ideológico”, contrario a la neutralidad con la que debe actuar la Administración.

Pero la sentencia ha rechazado esta tacha, recordando que la ley se enmarca en la progresiva implantación de la perspectiva de género como enfoque metodológico y criterio interpretativo orientado a promover la igualdad entre mujeres y hombres. El tribunal argumentó que “no se impone orientación ideológica alguna, sino que, por el contrario, se promueve el avance en el respeto a los valores constitucionales”.

Vox añadió en su recurso los preceptos que impiden discriminar por cualquier razón en la contratación de trabajadores y en el acceso a la compra o alquiler de vivienda, por lo que atentaba contra la libertad de contratación y de empresa.

La formación que lidera Abascal también recurrió la prohibición de que los centros educativos que apliquen la educación segregada por sexo reciban financiación pública. El TC ha argumentado al respecto que, aunque esta modalidad de educación no está prohibida por la Constitución, no implica que deba necesariamente recibir ayudas públicas, ya que el legislador puede legítimamente optar por apoyar un modelo educativo, la coeducación, que promueve el valor constitucional de la igualdad.

Por último, Vox quiso cargar contra la tipificación como “infracción leve” de algunas conductas que marca la ley recogidas como “irregularidades formales” por ser “demasiado abierta e incorrecta”. Pero este argumento tampoco ha sido válido para el TC, que ha aclarado que la expresión se refiere a incumplimientos de obligaciones tales como informar y colaborar con la autoridad independiente en situaciones de discriminación.