
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado una demanda contra la firma energética Naturgy Generación por un presunto delito contra el mercado y los consumidores de energía eléctrica por el incremento abusivo de los precios de producción energética en la central térmica de ciclo combinado de Sabón 3 entre marzo de 2019 y diciembre de 2020.
En su escrito, al que ha tenido este jueves acceso EFE, la Fiscalía evidencia que la subida de precios coincidió con la situación de crisis económica y social derivada de los efectos de la pandemia de covid-19. Según la Fiscalía, Naturgy abusó de su posición primaria en el mercado eléctrico de ajustes técnicos y, “de modo consciente y deliberado” adoptó una estrategia de ofertas a precios no equitativos y muy por encima de los resultantes de entornos de mayor competencia, con lo que obtuvo “un beneficio injustificado”.
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La investigación, abierta desde agosto de 2023
La Fiscalía abrió diligencias contra la firma eléctrica el pasado mes de agosto. El procedimiento trataba de dilucidar si los precios que cobró a los usuarios entre el 23 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2020, en el área de la central gallega de Sabón 2, constituyen un delito contra los consumidores, se inició a partir de una denuncia presentada en agosto por Facua ante la Fiscalía Anticorrupción.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya había impuesto a la compañía eléctrica una sanción en junio por este mismo hecho. En ese momento, el regulador obligó a Naturgy a abonar 41,5 millones entre multa e indemnización para resarcir el daño sobre los consumidores que pagaron más de lo debido a la electricidad durante ese periodo. Los importes que cobró de manera presuntamente irregular en ese momento le reportaron beneficios de 43 millones de euros.
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Además de anunciar que recurriría, Naturgy presentó alegaciones sobre la sanción impuesta por la CNMC. En ellas apuntaba que la central de Sabón 3 “ha formulado consistentemente (y no solo en el periodo analizado) sus ofertas, buscando recuperar razonablemente —que no consiguiendo— sus costes totales atendiendo a la mejor e imperfecta estimación de las condiciones competitivas en cada momento”.
Denuncia de Facua
En agosto, la denuncia de Facua abrió un nuevo capítulo en este proceso y ahora ha llevado el conflicto al ámbito penal. Con esta investigación, el ministerio público busca determinar si la conducta que originó la sanción a Naturgy encaja, además, en la figura de delito contra los derechos de los consumidores (artículo 284 del Código Penal) “por maquinación fraudulenta para alterar el precio de las cosas, que produzcan o puedan producir perjuicio patrimonial a una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia”.
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Por ello, la Fiscalía anunció el pasado agosto que solicitó a la CNMC no solo saber si el comportamiento de la empresa afectó al precio pagado por los usuarios, sino también si ese posible incremento de precios se proyectó sobre todo o una parte limitada del territorio nacional. En consecuencia, el ministerio fiscal quiere que la CNMC aporte una cuantificación aproximada de los perjuicios patrimoniales causados a los consumidores y usuarios debido a un eventual incremento de precios finales.
Con información de EFE
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