Este martes 28 de mayo, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición de ley del PSOE con el fin de mejorar la protección de las personas que donan órganos en vivo para trasplantes. A estas personas, por ejemplo, “no se les retribuyen días de trabajo que tienen que perder”, como denunció Cristina Valido (Coalición Canaria), a quien le parece “algo absurdo, pero que ocurre a día de hoy”.
Los disintos grupos parlamentarios apoyaron la medida, cada uno acomodando el discurso a sus intereses. El Partido Popular, por ejemplo, puso el acento en el papel de las comunidades, mientras que Vox incidió en que el sistema de trasplantes funcionan por el caráctar nacional de un “modelo que prácticamente todos los países quieren imitar”, tal y como afirmó Tomás Fernández.
La iniciativa, a la que aún le queda un largo recorrido político y legislativo para concretarse, implica la modificación de cinco artículos de la Ley General de la Seguridad Social, así como de uno del Estatuto de los Trabajadores. Además, conllevaría la renovación de otros reglamentos de cobertura social que afectan de manera particular a empleados públicos, los militares, los mutualistas o los funcionarios civiles del Estado o de la Administración de Justicia.
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Así es la reforma que propone el Gobierno
La encargada de defender la proposición, la diputada del PSC María Mercè Perea, incidió en que “dignifica la situación laboral y personal del donante” y en que viene “directamente de la sociedad civil”. Agradeció especialmente la labor de la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón y la Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos, que estaban representadas entre el público del hemiciclo. Estas entidades, junto con la Organización Nacional de Trasplantes, llevan años reclamando estas medidas.
La baja especial para donantes vivos, tal como explicó Perea, está cimentada en tres pilares básicos. En primer lugar, la situación especial de incapacidad temporal por contingencias comunes, en la que se enmarca esta baja con derecho a prestación, “no exige ningún período previo de cotización”. Es decir, no hay un límite mínimo de meses trabajados para acceder a ella. En segundo lugar, “el subsidio equivale al 100 % de la base reguladora establecida para la incapacidad temporal por contingencias comunes”. Y, por último, “se articula un permiso retribuido por el tiempo necesario para la asistencia a las sesiones previas para la determinación de la idoneidad”. Unas jornadas en las que el donante tiene que acudir a distintas consultas médicas y someterse a infinidad de pruebas y que actualmente pierden él o su empresa sin compensación alguna.
Durante la sesión en el hemiciclo, el espacio para la discordia y el debate fue mínimo, ya que todas las organizaciones estaban rendidas ante el altruismo de los donantes españoles. “¿Qué más se puede dar que parte de uno mismo para que otras personas puedan vivir?”, quiso poner de manifiesto Perea.
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