El Gobierno tiene la última palabra en la opa hostil de BBVA a Sabadell y puede vetar la operación

El proyecto de BBVA de hacerse con Banco Sabadell puede no ver la luz aunque prospere la opa hostil lanzada contra el banco catalán, ya que el Gobierno puede vetar la operación, incluso después de que el banco vasco obtenga las autorizaciones que necesita de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), del Banco Central Europeo (BCE), del Banco de España y de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tanto de España como de Reino Unido, según ha señalado en rueda de prensa el presidente de BBVA, Carlos Torres. No obstante, ha manifestado que confía en que el “Gobierno español acabe apreciando las ventajas de esta operación”.

Tal y como ha informado Agencia EFE, el Banco Sabadell ha denunciado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la documentación e información aportada por BBVA este jueves vulneran el régimen de opas e introducen “datos incompletos” que pueden afectar a la información de la que disponen los inversores. Para el Sabadell la información proporcionada en la reunión vulneran el artículo 32.1 del Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores. Además, “introducen datos incompletos que pueden afectar al mercado”.

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Una apreciación que no se vislumbra por el momento, ya que el Gobierno no ve con buenos ojos la opa, y así lo han manifestado esta mañana fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, debido a que “introduce efectos lesivos potenciales en el sistema financiero español”.

Indican que este movimiento “supondría un incremento en el nivel de concentración que podría tener un impacto negativo en el empleo y en la prestación de servicios financieros”. Añaden que ese “excesivo nivel de concentración” podría introducir “un riesgo potencial adicional a la estabilidad financiera” y recuerdan que esta idea ya la ha indicado el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.

Unos riesgos que el Gobierno puede atajar vetando la opa hostil mediante un mecanismo normativo que recoge la Ley de Ordenación y Supervisión Bancaria, que en su disposición adicional decimosegunda, “dispone justamente que es el Gobierno de España el que tiene que autorizar todo este tipo de operaciones”, ha señalado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Ha asegurado que “hay marco normativo para ello y lo vamos a aplicar”.

Una opa que “beneficia a todos”

Ante estas críticas, Carlos Torres argumenta que la operación es positiva para los clientes de ambos bancos, para los accionistas, para los trabajadores y para España en general.

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“La oferta que presentamos a los accionistas de Banco Sabadell es extraordinariamente atractiva para crear una entidad con mayor escala en uno de nuestros mercados más importantes. Juntos tendremos un mayor impacto positivo en los territorios en los que operamos, con una capacidad adicional de concesión de crédito de 5.000 millones de euros al año en España”, ha asegurado el presidente de BBVA.

La oferta de BBVA contiene los mismos términos financieros que los de la fusión que ofreció a su consejo de administración el pasado 30 de abril: el canje de una acción de nueva emisión de BBVA por cada 4,83 acciones de Banco Sabadell, que supone una prima del 30% sobre el cierre de ambas entidades del pasado 29 de abril; del 42% sobre las cotizaciones medias ponderadas del último mes; o del 50% sobre las cotizaciones medias ponderadas de los últimos tres meses. Además, los accionistas de Banco Sabadell tendrán un 16% de participación de la entidad resultante, beneficiándose del valor generado por la operación.

Despidos “negociados”

Torres también ha reconocido que si triunfa la operación habrá despidos de trabajadores, como parte del proceso de integración, pero “negociados”. “Puede haber salidas de trabajadores, pero esperamos que sean salidas no traumáticas y acordadas con los sindicatos”.

Si los accionistas de Sabadell aceptan la oferta de BBVA y todos los organismos implicados y el Gobierno dan la autorización necesaria para que salga adelante, el proceso finalizará en seis u ocho meses, ha reconocido Torres, esto es, a finales de este año o a principios del próximo.