
La última gran campaña de sensibilización fue en 2019. El lema era: ‘No alimentes al monstruo de las cloacas’. El Canal de Isabel II, la empresa pública que trata y suministra el agua que consumen los madrileños, se sumó a esta iniciativa nacional. El objetivo era concienciar a los hogares de que el retrete no era un cubo de basura donde tirar todo tipo de desechos de productos de higiene, como toallitas, bastoncitos, compresas... y residuos de otra índole como colillas o chicles. Con los datos en la mano, parece ser que la publicidad no tuvo mucho éxito.
El Canal retiró 31.000 toneladas de estos residuos en 2020, basura que había llegado desde los inodoros de las viviendas y empresas madrileñas a las 155 depuradoras que gestiona la empresa pública. La cifra subió ligeramente en 2021: 31.500 toneladas, para bajar un poco en 2022 con 30.000 toneladas y crecer mucho más en 2023, con 36.000 toneladas extraídas. “El Canal es víctima y quiere ser parte de la solución”, señaló esta semana en la Asamblea de Madrid su consejero delegado, Mariano González.
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Por eso, el Canal, que depende del Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso, está preparando una nueva campaña de concienciación para el segundo semestre del año y recordar así a los madrileños que a su inodoro solo se puede tirar el papel higiénico. El resto es basura y provoca problemas medioambientales y daños económicos en redes de alcantarillado, equipos de bombeo y estaciones depuradoras. “Estamos hablando de que cada madrileño tira por su retrete el equivalente a cinco bolsas de basura”, explicó González.
“A los sistemas de saneamiento y drenaje urbano no deberían nunca verterse residuos sólidos, como son las toallitas, los bastoncillos o los chicles, porque el lapso de tiempo que transcurre desde que se tira un residuo sólido por el inodoro hasta que esa agua residual llega a la depuradora no es suficiente para que se biodegraden, por lo que las rejas y tamices de las depuradoras se convierten en auténticos paneles receptores de estos residuos urbanos”, explica un portavoz del Canal a Infobae España. Los residuos retirados en las depuradoras se llevan luego a los vertederos. “El destino al que deberían haber ido desde un primer momento si se hubieran depositado correctamente en una papelera, sin tener que recorrer las redes de drenaje urbano”.
Todo mal hábito tiene consecuencias. En este caso, estos residuos que empiezan su camino cuando un vecino incívico los tira por su inodoro pueden provocar daños en infraestructuras hidráulicas. “Las bombas que impulsan el agua residual dentro de las depuradoras pueden dejar de funcionar y, en un caso extremo, la planta podría llegar a quedar, incluso, inoperativa”, enfatizan desde el Canal. Sin olvidar que los operarios que trabajan en estas instalaciones y en las redes de saneamiento se ven sometidos a riesgos laborales importantes cuando tienen que desatascar conducciones, bombas u otros elementos.
El Canal ha cuantificado en una cifra media de 2,2 millones de euros el sobrecoste anual que supone limpiar estos vertidos de la red de saneamiento. “Este importe incluye los costes de retirada, los costes extra de mano de obra para la limpieza de las bombas, la reposición de las que quedan inoperativas y el incremento en la factura energética”. A ello hay que sumar las inversiones realizadas en las depuradoras para que estos residuos no comprometan su funcionamiento, algo vital para la salud pública y la calidad ambiental de los ríos y los ecosistemas vegetales. Entre 2021 y 2023 se invirtieron unos 9 millones de euros en equipamiento específico para controlar estos residuos, y ya están previstas inversiones por más de 4 millones para ejecutarse próximamente.
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Mariano González recalcó en su comparecencia en la Asamblea que las 155 depuradoras que tiene el Canal evitan que se viertan residuos a los ríos madrileños, y que llegue solo agua ya tratada. Y señaló que todo este trabajo debe ser “una solución coral”, ya que el Canal solo controla el 33% de los vertidos en la Comunidad de Madrid, el resto depende de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Alodia Pérez, diputada de Más Madrid, recuerda en cambio que el PP votó en contra en la legislatura pasada de una PNL (que finalmente se aprobó con el apoyo de Vox) que pedía la puesta en marcha de una campaña de concienciación “sobre el problema ambiental que supone el vertido en la red de saneamiento de algunos productos de higiene”.

La PNL, que no es vinculante, también pedía la creación de una comisión formada por la Comunidad de Madrid, el Canal, la Confederación Hidrográfica del Tajo y varios ayuntamientos que ayude a buscar soluciones contra los vertidos de aguas residuales que llegan al río Jarama, uno de los más importantes y afectados de Madrid, y a sus afluentes. “Lo que está claro es que hay vertidos que no pasan por las depuradoras, porque las toallitas y otros residuos llegan a los ríos de Madrid. El problema existe y somos conscientes de que el origen está en el ciudadano, que no se conciencia de que no debe tirar ciertas cosas por su retrete”, explica la diputada Pérez. “Y sabemos que hay que organizarse con otras Administraciones, pero queda mucho por hacer”.
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