Alrededor de un centenar de personas se ha concentrado este jueves en la céntrica plaza de Callao (Madrid) en protesta del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). Los manifestantes, convocados por una treintena de organizaciones entre las que se encuentra CEAR, la Red Interlavapiés y la Red Solidaria de Acogida, denuncian que la nueva normativa “supondrá un atropello sin precedentes a los derechos de las personas” migrantes, así como un “peligroso paso hacia la deriva antidemocrática de la Unión Europea”.
Durante la concentración, los asistentes han levantado un muro con cajas de cartón, simulación de una frontera europea, en el que han pegado fotografías y mensajes contra las nuevas medidas adoptadas en el Parlamento Europeo, proclamando que “ya es legal violar los derechos humanos” y que “seguimos sin vías seguras” de migración.
El acuerdo, aprobado este miércoles en el Parlamento Europeo, deberá pasar por el Consejo antes de comenzar a implantarse en los Estados miembro. El texto fue catalogado de histórico por la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, si bien su aprobación no ha venido sin críticas. El pacto supone un endurecimiento en el control de las fronteras y ofrece a los Estados una ‘solidaridad a la carta’: en vez de trasladar a los migrantes de los países más afectados por las llegadas irregulares a su territorio, los miembros de la UE podrán pagar una compensación económica de 20.000 euros por persona rechazada al Fondo de Asilo y de Migraciones.
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Europa se lava las manos
Los colectivos migrantes han denunciado que, con las nuevas normas europeas, las fronteras se convertirán en “espacios en los que no se aplica la legalidad”, pues el PEMA convertirá estos lugares en “un limbo legal”. Entre las medidas acordadas este miércoles en la Eurocámara está la detención de las personas solicitantes de asilo si representan un peligro para la seguridad nacional y el orden público, lo que las organizaciones consideran una generalización de la privación de libertad “cuando es una medida que debería ser la última ratio”. El acuerdo permitiría mayores discriminaciones y reduciría las garantías de acceso al asilo internacional, además de facilitar las “expulsiones exprés”. Así, entienden que el PEMA supone una “vía libre a la Unión Europea para saltarse las obligaciones internacionales”.
Este miércoles, CEAR mostró su preocupación respecto al acuerdo, que trae “riesgos significativos en términos de protección”, profundiza la externalización de fronteras (acuerdos políticos con países no europeos en los que se delega la gestión de las fronteras) y plantea medidas “que ponen en peligro los derechos humanos”. A su vez, las organizaciones han señalado que el PEMA puede traer violaciones a los derechos de los niños, pues permitirá controles y la detención de aquellas personas mayores de seis años. “Es una violación a los derechos de los menores, que pueden acabar en una situación muy vulnerable”, ha denunciado Ramtin Zigorat, portavoz de la Red Interlavapiés.
Durante la concentración, los colectivos han llevado a cabo una performance en la que un grupo de mujeres blancas clamaban no ser racistas mientras interrumpían los testimonios de las personas migrantes. Las mujeres adoptaron una posición defensiva contra los extranjeros que les rodeaban, reclamaron el suelo como suyo y terminaron lavándose las manos ante las noticias de muertes en el Mediterráneo y los bulos difundidos por formaciones políticas en contra de las personas migrantes.
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Los manifestantes han defendido el derecho de las personas a emigrar y han reclamado al Estado español que se niegue “a la aplicación de todos los aspectos del pacto que suponen una vulneración flagrante de los derechos humanos”. Más de 430 entidades, entre ellas CEAR, Amnistía Internacional, CIES no Madrid, Médicos del Mundo, Mundo en Movimiento, Red Acoge o SOS Racismo Madrid, han suscrito contra el PEMA el manifiesto ‘La sociedad civil grita no al pacto europeo de migración y asilo’.
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