
El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a retomar su ofensiva para abanderar el problema de la vivienda en los próximos meses. En un contexto marcado por las sucesivas convocatorias electorales, con los comicios autonómicos en el País Vasco y Cataluña, y al Parlamento Europeo, Moncloa tiene claro que este asunto es “uno de los que más preocupan, si no el que más”.
Casi un año después de la entrada en vigor de la ley de vivienda, que establece nuevos topes en la subida de los alquileres, su impacto ha sido escaso ante el rechazo de las comunidades del PP (gobierna en 11 de las 17 autonomías tras el 28-M) a poner en marcha la norma. Desde la formación del nuevo Gobierno de coalición, los esfuerzos realizados por el recién creado Ministerio de Vivienda para aterrizar la primera ley estatal de vivienda todavía no han dado sus frutos.
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En este sentido, tras publicar el índice de precios del alquiler, que solo se aplicará en Cataluña (la única comunidad que ha solicitado hasta la fecha limitar el precio del alquiler en su territorio) y aprobar la concesión de avales para la compra de la primera vivienda a jóvenes menores de 35 años y a familias con menores a cargo, la Administración de Pedro Sánchez busca otras vías para atajar este problema ante su promesa electoral de “hacer efectivo ese derecho constitucional”.
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El Consejo de Ministros inicia este martes el trámite para suprimir la concesión del visado de residencia para los inversores de más de 500.000 euros en inmuebles en España. El propio Sánchez se encargó de hacer público esta anuncio en un acto en Dos Hermanas (Sevilla). “Vamos a iniciar el procedimiento para eliminar la concesión de la llamada Golden visa, que permite acceder al régimen de residencia cuando se invierte más de medio millón de euros en bienes inmuebles. Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que la vivienda sea un derecho y no un mero negocio especulativo”, explicó.
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Inversores chinos y rusos, los más beneficiados
El líder del Ejecutivo justificó la medida en que no quiere un modelo de país basado en la “inversión especulativa en la vivienda”. Por el contrario, quiere hacer de España “un país para la inversión productiva, la que genera innovación y empleo de calidad”. En todo caso, el jefe del Gobierno reconoció que “queda muchísimo por hacer”, toda vez que recalcó la apuesta de su Ejecutivo para acabar con este “drama vital”.
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El Consejo de Ministros tiene previsto estudiar un informe elevado por el departamento que dirige Isabel Rodríguez para modificar la ley aprobada por el PP hace 11 años. En esencia, la Ley 14/2013 regula la concesión de dos tipos de permisos para inversores en España: visados, conocidos como Golden visas, y autorizaciones de residencia (cuando el solicitante se encuentra legalmente en España, obtendrá un permiso de tres años para, si lo desea, residir y trabajar en todo el territorio nacional).

El motivo que hay detrás de la supresión de las Golden visas es que “alrededor del 94% de los visados para inversores están vinculadas a inversiones inmobiliarias (cerca de 10.000 autorizaciones)”. Según el Gobierno, ciudades como Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante, Palma y Valencia son las más demandadas para este tipo de operaciones y, además, coinciden en ser “las zonas más tensionadas”.
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A tenor del último estudio de Transparencia Internacional España, con datos ofrecidos por la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares del Ministerio de Asuntos Exteriores, desde la promulgación de la norma en 2013 hasta septiembre de 2023 fueron concedidos un total de 6.200 visados a inversores de todas las nacionalidades, de los cuales un 96,18% fue concedido en virtud del supuesto de adquisición de bienes inmuebles.
“De ello se desprende que la adquisición de bienes inmuebles con una inversión de valor igual o superior a 500.000 euros por cada solicitante (art. 63.2.b de la L 14/2013) es la mayor causa de concesión en el marco de la mencionada normativa”, añade el informe. Por nacionalidad, España ha concedido un mayor número de visados a inversores chinos y rusos.
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“En los últimos diez años, España ha concedido un total de 2.712 visados a inversores chinos, de los cuales el 99,33% han sido expedidos en virtud del supuesto de adquisición de bienes inmuebles; mientras que en el caso de inversores de nacionalidad rusa, se han concedido un total de 1.159 visados, de los cuales el 94,65% han sido expedidos en virtud del supuesto de adquisición de bienes inmuebles”.
En tercer lugar están los inversores iraníes, para quienes han sido concedidos un total de 203 visados, de los cuales el 99,01% han sido expedidos en virtud del supuesto de adquisición de bienes inmuebles; los inversores estadounidenses, a quienes se han concedido un total de 179 visados (94,97% en virtud del supuesto de adquisición de bienes inmuebles; los inversores estadounidenses, a quienes se han concedido un total de 179 visados (94,97% en virtud del supuesto de adquisición de bienes inmuebles), e inversores del Reino Unido, a quiénes se han concedido un total de 177 visados (93,78% en virtud del supuesto de adquisición de bienes inmuebles).
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La lista la completan Egipto (143 visados), Ucrania (143 visados), Filipinas (122 visados), México (114 visados), Venezuela (98 visados) y Arabia Saudita (89 visados). Asimismo, el informe desvela que el año en que más visados de este tipo han sido concedidos por España ha sido 2021, con un total de 919 visados.
En cuanto al número de autorizaciones de residencia, desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de marzo de 2022 se concedieron 51.829 autorizaciones en el caso de los titulares y 47.262 autorizaciones en el caso de sus familiares, sumando un total de 99.091. En cuanto a la nacionalidad de los titulares, cabe destacar que el mayor número de autorizaciones de residencia fueron concedidas durante el mismo periodo de tiempo a ciudadanos chinos (5.870), rusos (4.350), colombianos (3.520), indios (3.474) y estadounidenses (3.409)
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