
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha actualizado su catálogo de señales viarias para la circulación de vehículos en España. Se trata de un procedimiento que realiza de forma regular, en el que los automovilistas deben tener en cuenta el funcionamiento de las nuevas placas y señales. Específicamente, para la señal R-120, en el caso de que se circule por entornos urbanos, ya que regula y limita el acceso de los vehículos a las Zonas de Bajas Emisiones de cada ciudad.
España cuenta ahora mismo con 149 ciudades de más de 50.000 habitantes obligadas a contar con este tipo de espacios con humos y emisiones reducidas. Pese a que su implementación está siendo desigual a lo largo y ancho del país, todas están obligadas a cumplir con esta medida. Cada ayuntamiento particular cuenta con la potestad de establecer la medida: podrá elegir qué vehículos están restringidos y qué áreas de la localidad están limitadas para su circulación.
Aquí entra la nueva señal circular de borde rojo y fondo blanco, que representa un coche desprendiendo emisiones. Deberá ser instalada obligatoriamente en los límites de las Zonas de Bajas Emisiones, con el fin de informar rápidamente a los conductores de la prohibición de circulación en esa área. Es de obligado cumplimiento para los ayuntamientos el acompañar esta señal de otro panel complementario. En dicho panel, deberán figurar los vehículos con etiquetas medioambientales que sí puedan acceder a este tipo de zonas. El incumplimiento de esta señal podrá ser penalizado con multas que pueden ascender hasta los 200 euros.
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¿Qué son las Zonas de Bajas Emisiones?
Las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) son áreas delimitadas dentro de una ciudad donde se limita el acceso a los vehículos más emisores y contaminantes con el objetivo de mejorar la calidad del aire y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estas zonas restringen la circulación y el estacionamiento de vehículos que no cumplen con los mejores estándares de emisiones. Cada vehículo recibe una calificación, con la cual podrá entrar o no en determinadas áreas de las ciudades.
Algunas ciudades ya han creado estas zonas de bajas emisiones. Es el caso de Madrid, donde la multa por saltarse la normativa puede ser de 200 euros, Barcelona y Pontevedra. También se aplica en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid y los catalanes de Cornellà de Llobregat, Badalona, San Cugat del Vallés y Sant Joan Despí así como en Pamplona, Sevilla y Córdoba. Por el contrario, hay muchos Ayuntamientos que aún no han puesto en marcha este sistema a pesar de entrar en el grupo de localidades que deben hacerlo. El Gobierno advierte de que tendrán que devolver los fondos europeos en caso de que no instauren esta medida.
Una inversión de 1.500 millones de euros
El Ministerio de Transportes concedió un total de 1.500 millones de euros entre la primera y segunda convocatoria del programa, que financiarán 1.064 actuaciones en 196 municipios y dos entes supramunicipales. De estos 1.500 millones de euros concedidos, se han adjudicado 409 millones de euros para aumentar el espacio reservado a los peatones en las ciudades; se financiará con 219 millones la adquisición de unos 1.024 autobuses de cero emisiones y 46 vehículos eléctricos para la recogida de residuos; a la par que se destinarán 157 millones de euros para construir y ampliar los carriles bici.
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