Hace meses que entraron en vigor las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en España que prohíben la circulación de los vehículos sin etiqueta medioambiental en núcleos urbanos de algunas ciudades españolas. Esta medida, incluida en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que se aprobó en 2021 por el Gobierno, obliga a los municipios españoles de 50.000 habitantes o más a tener áreas de circulación restringida a vehículos contaminantes y a las ciudades con más de 20.000 que superen niveles máximos de contaminación establecidos.
El objetivo del Ejecutivo era reducir la contaminación en núcleos urbanos con el fin de instaurar un transporte limpio y sostenible en las ciudades de cara a 2030 y, posteriormente, a 2050. Para esta última fecha, el Gobierno espera que haya un parque de coches y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de dióxido de carbono dentro de estas ciudades
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Algunas ciudades ya han creado estas zonas de bajas emisiones. Es el caso de Madrid, donde la multa por saltarse la normativa puede ser de 200 euros, Barcelona y Pontevedra. También se aplica en el municipio madrileño de Rivas-Vaciamadrid y los catalanes de Cornellà de Llobregat, Badalona, San Cugat del Vallés y Sant Joan Despí así como en Pamplona, Sevilla y Córdoba.
Por el contrario, hay muchos Ayuntamientos que aún no han puesto en marcha este sistema a pesar de entrar en el grupo de localidades que deben hacerlo. Ahora, el Gobierno en funciones les ha advertido de que tendrán de devolver los fondos europeos en caso de que no instauren esta medida.
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El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha enviado una nota informativa a todos los ayuntamientos beneficiarios de los fondos europeos para la implantación de zonas de bajas emisiones. En ella les informan de que si algún municipio revierte actuaciones ya ejecutadas se les obligará a reintegrar la subvención.
Según la nota informativa, el Ministerio dirigido por Raquel Sánchez les recuerda a los beneficiarios los compromisos y obligaciones adquiridos por estos ayuntamientos como receptores de las subvenciones en relación con la ejecución de los proyectos financiados.
El Ministerio les ha recordado que la ley de subvenciones establece que es obligación del beneficiario de la ayuda “cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones”. La ley también establece que el incumplimiento de este plazo de mantenimiento de la operación o funcionamiento de la actuación subvencionada obligará a reintegrar la ayuda en los términos de las bases reguladoras.
Una inversión de 1.500 millones de euros
El Ministerio de Transportes ha concedido un total de 1.500 millones de euros entre la primera y segunda convocatoria del programa, que financiarán 1.064 actuaciones en 196 municipios y dos entes supramunicipales. De estos 1.500 millones de euros concedidos, se han adjudicado 409 millones de euros para aumentar el espacio reservado a los peatones en las ciudades; se financiará con 219 millones la adquisición de unos 1.024 autobuses de cero emisiones y 46 vehículos eléctricos para la recogida de residuos; a la par que se destinarán 157 millones de euros para construir y ampliar los carriles bici.
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