El Gobierno exigirá un sillón en el Consejo de Administración de Telefónica tras la entrada de la SEPI en su accionariado

La decisión del Gobierno de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se haga con el 10% de Telefónica generará cambios en el consejo de administración de la operadora, ya que el Ejecutivo pedirá un asiento en él. Así lo ha confirmado hoy jueves el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una entrevista emitida por ‘La Sexta”.

Cuerpo ha afirmado rotundo que “por supuesto” exigirán ese asiento, pero no se ha pronunciado sobre quién lo podría ocupar, ya que elegirlo “no me corresponde a mí”, ha señalado.

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La entrada de la SEPI en Telefónica comenzó a gestarse cuando en septiembre del año pasado el grupo Saudi Telecom Company (STC) anunció la compra de una participación del 9,9% de la teleco para convertirse en su primer accionista. El Gobierno español no tardó en salir al quite y manifestar que aplicaría “todos los mecanismos necesarios” para defender los “intereses estratégicos de España” y así lo ha hecho.

En un primer movimiento estratégico, el Consejo de Ministros, autorizó en diciembre la participación en la operadora de la SEPI, ente adscrito al Ministerio de Hacienda y responsable de la gestión del capital estatal en diversas empresas, para adquirir hasta un 10% de Telefónica, situándola así como el accionista mayoritario. Esta medida fue seguida la semana pasada por la compra directa del 3,044% del total de acciones de Telefónica, equivalente a 176,04 millones de títulos, con una inversión de 698,4 millones de euros.

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Con estas acciones, el Gobierno de Sánchez no solo ha reafirmado su determinación de defender los intereses estratégicos nacionales frente a inversiones extranjeras significativas, sino que ha reiterado su capacidad de actuar de manera decisiva en el ámbito económico para asegurar que activos críticos permanezcan bajo la influencia de España.

Tras esta primera compra, el Estado español vuelve 27 años después al accionariado de Telefónica tras su privatización en 1997, cuando estando como presidente del Gobierno José María Aznar y Juan Villalonga de Telefónica, se efectuó la privatización del 21% de la empresa que mantenía el Estado. En esta operación se superaron las previsiones más optimistas, ya que se colocaron 191 millones de acciones y su demanda superó 5,4 veces la oferta.

Estabilidad accionarial

El Gobierno quiere que la SEPI se haga con el 10% de la operadora española “en el menor tiempo posible”, según manifestó la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado el pasado martes 26 de marzo. Alegría apuntó que la entrada de la SEPI en la teleco permitirá proporcionar “una mayor estabilidad accionarial” a la compañía y “salvaguardar su capacidad estratégica”.

El paso dado por el Gobierno tendrá consecuencias, a juicio de los analistas. Así Carlos Balado, profesor de OBS Business School y director de Eurocofín, cree que este movimiento “está en línea con la participación de otros Estados en empresas estratégicas similares dentro de la UE”.

Ahora bien, considera que “para velar por el libre mercado, que es una característica fundacional de la UE, esa entrada no debe impedir o excluir la de cualquier otro accionista que quiera adquirir títulos de Telefónica, porque tanto en un caso como en otro los beneficiarios finales son todos los accionistas al captarse nuevos fondos e inversores”.