El Ayuntamiento de Alhendín se rebela contra el Gobierno y acuerda frenar la instalación de un campamento temporal de migrantes

El pleno del Ayuntamiento de Alhendín (Granada) ha aprobado este jueves paralizar cualquier acto promovido en los terrenos de la base aérea de Armilla que afectan a su término municipal. El Gobierno estudia instalar allí un campamento temporal de migrantes con capacidad de albergar hasta 1.200 personas, pero la administración local denuncia que vulnera las normas urbanísticas.

Según ha explicado este miércoles el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, el Ejecutivo estudia la posibilidad de utilizar de forma temporal estos terrenos pertenecientes al ministerio de Defensa para prestar ayuda humanitaria a los migrantes solicitantes de asilo o protección internacional, tal y como ya se hace en otros espacios como Alcalá de Henares, Carabanchel, Mérida o Cartagena.

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PP y Vox reclaman que vulnera las leyes de urbanismo

Convocado de urgencia, el pleno de Alhendín se ha reunido de forma extraordinaria para elevar una propuesta de acuerdo para paralizar la medida. La propuesta ha salido adelante con los votos a favor del gobierno local del PP y del grupo municipal de Vox, y la abstención del PSOE.

Según consta en el informe del arquitecto técnico municipal, incluido en la propuesta de acuerdo, los terrenos en los que se pretende intervenir son de naturaleza rústica y no cuentan con “instrumento de ordenación urbanística que posibilite obra, dotación o implantación alguna”.

El terreno cedido por ministerio que lidera Margarita Robles tiene una extensión de 10 hectáreas (100.000 metros) y, si bien es cierto que pertenece a la base militar, no se encuentra en el interior de ésta, si no en su entrada, motivo principal de la negativa.

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Es por ello que el pleno ha aprobado también acordar la suspensión de cualquier acto promovido por la administración del Estado que esté relacionado con la comunicación recibida por el Ayuntamiento el pasado 2 de abril. En dicha carta, la empresa Tragsa le notificaba el inicio de “obras de emergencia” en dos fases para la ejecución del campamento.

Del mismo modo, el pleno ha facultado al alcalde del municipio, Francisco Rodríguez (PP), para que asuma el ejercicio de las acciones judiciales administrativas o penales pertinentes “en defensa” de los intereses del Ayuntamiento, que notificará este acuerdo a la citada empresa y al ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El alcalde de Alhendín ha señalado que la intervención prevista en este espacio del término municipal es un “atropello” a las normas urbanísticas y que se tiene que parar “de forma legal”. Rodríguez ha incidido en que el Gobierno local cuenta con el apoyo de “todos los vecinos”, no solo por el hecho de que vulnera la normativa urbanística, sino porque “no es el sitio idóneo” para instalar el campamento.

En una información adelantada por el medio Ideal, más de 300 vecinos del municipio se organizaron por medio de un grupo de WhatsApp para emprender acciones legales contra al construcción del campamento.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Jesús Cantal, ha defendido la abstención de su grupo municipal al considerar que no ha contado con el tiempo suficiente para estudiar el asunto en materia urbanística, si bien ha recordado que la instalación planteada sería “temporal” y que se debe “empatizar” con las personas que sufren una guerra.

El portavoz de Vox, Diego González, ha mostrado su rechazo “total” a este campamento, al considerar que las personas que entren de forma “ilegal” en España deben ser repatriadas a sus países, al tiempo que ha recordado que entre los vecinos de la zona reina la “incertidumbre” sobre este proyecto.