La legislatura (con el permiso de Junts) ha echado a andar tras la aprobación de la ley de amnistía y los colectivos de trabajadores lo saben. Algunos de los que están haciendo más ruido por sus particulares reivindicaciones son los empleados públicos del Ministerio del Interior, entre ellos policías, guardias civiles y funcionarios de prisiones.
En las últimas fechas, el ministro Fernando Grande-Marlaska se ha comprometido públicamente, como ”prioridades” del departamento, a estudiar “mejoras” en las condiciones de jubilación de los agentes, lo que implicaría su declaración como profesión de riesgo, o la condición de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. Sin embargo, las organizaciones sindicales no se conforman y exigen a Marlaska más “hechos” y menos “palabras vacías”, según varias fuentes consultadas por Infobae España.
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Protestas en las prisiones
El asesinato de la cocinera Núria el pasado día 13 en el centro penitenciario de Mas d’Enric, en Tarragona, a manos de un preso, es para los funcionarios de prisiones “un punto de no retorno”. No han detenido aún las protestas en las cárceles catalanas -y en otras del territorio nacional- desde entonces. Colocan en el disparadero a la consellera de Justicia, Gemma Ubasart, y al responsable de las prisiones en la Generalitat, Amand Calderó.
Sin embargo, funcionarios de otros penales del país convocados por el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) han apuntado más arriba y exigen la dimisión del ministro. Le acusan de haber “retrasado” en el Congreso de los Diputados su declaración como agentes de la autoridad, lo que, entre otras garantías, implica que las agresiones que sufran por parte de los internos serán juzgadas como atentado a agente de la autoridad y conllevarán indemnizaciones por los daños causados. Además, los partes de los funcionarios tendrán presunción de veracidad, salvo prueba de lo contrario.
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A los que también parece que se les ha acabado la paciencia es a los sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El pasado fin de semana, miles de agentes y familiares recorrieron las principales calles de Madrid para exigir las mismas condiciones salariales y de jubilación que los policías autonómicos y locales. En términos de jubilación, piden retirarse a los 59 años sin pérdida de poder adquisitivo, para lo que es necesaria su previa declaración como profesión de riesgo.
Marlaska ha sostenido que ha creado un “grupo de trabajo” para atender a esa reivindicación de los policías y guardias civiles. Sin embargo, desde la Plataforma para una jubilación digna y la plena equiparación salarial, que reúne a tres sindicatos de la Policía Nacional y nueve asociaciones de la Guardia Civil, piden al ministro en un reciente comunicado que “abandone la propaganda” y les informe de los avances de dicho grupo de trabajo.
“La sociedad ha demostrado estar de nuestro lado en esta lucha contra la injusticia y la desigualdad y si él no pasa a la acción nosotros no vamos a detener las nuestras”, advierten.
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